Cambios en la Justicia: javier Milei acelera la designación de jueces
En ese escenario, la reforma abre una nueva discusión sobre el equilibrio entre eficiencia y transparencia en la designación de magistrados.
En un movimiento que impacta de lleno en uno de los mecanismos más sensibles del sistema institucional argentino, el Gobierno nacional reformó el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos, con el objetivo declarado de agilizar las designaciones y cubrir vacantes que afectan el funcionamiento de la Justicia.
Sin embargo, la decisión también implica una reducción de instancias de control previas y elimina criterios que durante años orientaron la conformación de los máximos órganos judiciales.
La modificación quedó plasmada en el Decreto 476/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La iniciativa se apoya en el diagnóstico oficial de que existe una “crisis institucional” derivada de la acumulación de cargos vacantes y de procesos de selección excesivamente lentos.
El cambio más significativo radica en la simplificación del procedimiento administrativo dentro del Poder Ejecutivo. La Casa Rosada considera que varias etapas previas duplicaban controles que posteriormente realiza el Senado, órgano constitucional encargado de otorgar acuerdo a los candidatos propuestos por el Presidente.
Bajo esta lógica, el Gobierno eliminó mecanismos que permitían la presentación de observaciones ciudadanas durante la etapa administrativa y concentró el debate público en la instancia parlamentaria. Para el Ejecutivo, las audiencias públicas y el análisis legislativo son suficientes para garantizar transparencia e idoneidad, mientras que los procedimientos previos terminaban retrasando las designaciones.
La reforma también modifica aspectos simbólicos y políticos del sistema de selección. Entre ellos, deja sin efecto la recomendación de contemplar criterios de diversidad de género, especialización profesional y representación regional al momento de elegir candidatos para la Corte Suprema. Aunque dichos parámetros no tenían carácter obligatorio, durante años funcionaron como referencias para promover una integración más plural del máximo tribunal.
Desde una perspectiva institucional, esta decisión fortalece la discrecionalidad presidencial en la etapa de nominación. El Gobierno argumenta que la Constitución no exige esos criterios adicionales y que corresponde al jefe de Estado evaluar la idoneidad de los postulantes. Los sectores críticos, en cambio, podrían interpretar la medida como una reducción de estándares orientados a garantizar mayor representatividad dentro del Poder Judicial.
En cuanto a los procedimientos, se establecieron plazos más breves para la publicación de antecedentes, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y la elaboración de informes fiscales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La intención es reducir tiempos administrativos y acelerar el envío de pliegos al Senado.
Para los tribunales inferiores, fiscales y defensores públicos, la lógica será similar: difusión más rápida de las ternas, plazos unificados para la entrega de documentación y una intervención más acotada del Ministerio de Justicia en las etapas previas.
La decisión refleja una visión más amplia del Gobierno sobre el funcionamiento del Estado. Mientras la administración de Milei sostiene que la burocracia excesiva termina obstaculizando el cumplimiento de los procesos constitucionales, los cuestionamientos apuntan a que la simplificación administrativa no debería traducirse en una reducción de mecanismos de control o participación ciudadana.
