Bullrich frena la reforma laboral para febrero: el revés parlamentario reordena la agenda oficialista
La postergación de la reforma laboral, lejos de ser un gesto de apertura al diálogo, expone una estrategia defensiva: ganar tiempo, bajar la conflictividad y evitar una derrota más en el recinto.
La decisión de Patricia Bullrich de postergar el debate de la reforma laboral hasta febrero no responde solo a una necesidad técnica de “mejorar el dictamen”, sino que revela un escenario político mucho más complejo: la pérdida de control del oficialismo sobre sus propias mayorías y la dificultad para sostener una agenda de reformas profundas en un Congreso cada vez más imprevisible.
El anuncio, realizado tras una reunión en Casa Rosada, llegó como consecuencia directa del golpe sufrido por el Gobierno en la Cámara de Diputados, donde se cayó el capítulo del Presupuesto que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ese traspié, lejos de ser aislado, dejó al descubierto tensiones internas, aliados poco confiables y una estrategia legislativa que muestra signos de desgaste prematuro.
Aunque Bullrich insistió en que el dictamen de la reforma laboral quedará “abierto a modificaciones”, la postergación funciona en los hechos como un freno político. El oficialismo no logró construir consensos sólidos ni siquiera después de extensas jornadas de exposiciones, que desde la oposición calificaron como formales y poco conducentes. El debate, más que enriquecer el proyecto, evidenció el rechazo transversal a una reforma percibida como desequilibrada y apresurada.
El trasfondo del conflicto está directamente ligado al reordenamiento de fuerzas que se produjo tras el acuerdo para designar autoridades en la Auditoría General de la Nación, sellado entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y el gobernador Gustavo Sáenz. Esa negociación, que dejó afuera al PRO y tensó vínculos internos, terminó de erosionar la capacidad del oficialismo para avanzar con iniciativas sensibles sin pagar costos políticos inmediatos.
Ahora, el Gobierno busca replegarse y concentrar esfuerzos en la aprobación del Presupuesto, con la intención de reincorporar en el Senado el capítulo rechazado en Diputados. Sin embargo, esa jugada implica volver a someter el texto a una Cámara baja fragmentada, donde el margen para imponer condiciones es cada vez más estrecho y el calendario legislativo juega en contra.
