Bruselas pide a España acelerar las pesquisas en casos de corrupción, incluyendo el caso Koldo
La Comisión Europea ha detectado un notable incremento en la percepción de la corrupción en España en los últimos cinco años, durante la gestión del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.
Así lo revela el informe sobre el Estado de Derecho publicado el martes 8 de julio de 2025, que señala que tanto expertos, ciudadanos como empresas consideran que los niveles de corrupción en la administración pública son relativamente elevados.
El documento especifica que, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 elaborado por Transparencia Internacional, España obtuvo una puntuación de 56 sobre 100, lo que la ubica en la posición 16 dentro de la Unión Europea y en el puesto 46 a nivel mundial. La preocupación aumenta en el sector empresarial, donde el 87% de las empresas encuestadas perciben que la corrupción está muy extendida en el país, frente a una media del 63% en la UE. Además, más de la mitad (53%) considera que la corrupción representa un obstáculo para hacer negocios, en comparación con el 35% de promedio en la Unión Europea.
El informe, presentado en Estrasburgo por el comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, hace referencia a varias tramas de corrupción recientes. En concreto, destaca el caso Koldo, recordando que en octubre de 2024 un exministro y actual parlamentario, José Luis Ábalos, fue señalado como persona de interés en una investigación relacionada con la pandemia de COVID-19. Además, el documento señala que sectores como la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructura y los contratos de servicios públicos son considerados áreas de alto riesgo de corrupción.
La Comisión Europea solicita una mayor celeridad en las investigaciones y reformas necesarias Más allá de la percepción pública, Bruselas ha puesto sobre la mesa la preocupación por la prolongación excesiva de los procesos judiciales en casos de corrupción en España. La UE insta a las autoridades a intensificar los esfuerzos para reducir los tiempos de investigación y enjuiciamiento, con el fin de mejorar la eficacia en los procesos de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma del código de procedimiento penal.
Aunque la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del mandato del Fiscal General del Estado han sido pendientes de hace tiempo, la Comisión centra ahora su atención en la demora en los procedimientos judiciales. Además, el informe señala que el Gobierno aún no ha iniciado la implementación de la estrategia nacional contra la corrupción, prevista en ley para septiembre de 2024, lo que genera preocupación en Bruselas.
Respecto a la ley de amnistía, la Comisión Europea simplemente ha tomado nota de la decisión del Tribunal Constitucional español que la respalda, aunque recuerda que aún están pendientes de resolución las cuestiones prejudiciales relacionadas con esta ley que fueron enviadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
