Avance sobre derechos: el polémico proyecto de Bullrich para crear una policía que controle «el pensamiento digital”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a encender la alarma entre especialistas en derechos humanos y constitucionalistas con la presentación de un proyecto que propone una profunda reestructuración de la Policía Federal Argentina (PFA).

En su núcleo, el texto incluye disposiciones que habilitarían el patrullaje de redes sociales y sitios web sin autorización judicial, y permitirían detenciones sin orden previa ante la mera presunción de un posible delito.

Con aspiraciones de crear un «FBI criollo», Bullrich impulsa una reforma integral de la Ley Orgánica de la PFA (Ley 21.965), dotando a la fuerza de atribuciones ampliadas en el terreno de la inteligencia y la prevención, muchas de ellas con escasa o nula supervisión judicial. El documento, al que accedió en exclusiva el medio Ámbito, justifica estos cambios en la necesidad de contar con una policía “proactiva” frente a delitos federales y complejos. Pero el modo en que se pretende implementarlo ha despertado serias preocupaciones por su posible carácter arbitrario, intrusivo y violatorio de derechos fundamentales.

Vigilancia sin control: ¿libertad o sospecha?

Uno de los puntos más controvertidos del borrador es el que habilita a la PFA a “realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, es decir, redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización judicial. Si bien el texto afirma que estas tareas deberán respetar la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión, deja abierta la puerta a interpretaciones que pueden derivar en vigilancia masiva, criminalización de la opinión pública o persecución ideológica bajo el pretexto de “prevenir” delitos.

En un país con una historia atravesada por el uso del aparato estatal para el control político y social, la idea de una policía vigilando las redes sociales sin orden de un juez recuerda prácticas autoritarias incompatibles con el sistema democrático. El intento de disfrazar de “prevención” lo que puede convertirse en espionaje digital sin límites preocupa a organismos de derechos humanos, juristas y sectores de la oposición.

Detenciones por sospecha: el regreso del “por las dudas”

Otro artículo conflictivo permite a la fuerza detener a personas sin orden judicial si se presume que pueden haber cometido un delito o si no acreditan su identidad. La redacción es ambigua y peligrosa: ¿quién decide qué constituye una “presunción fundada”? ¿Qué grado de subjetividad se tolera antes de que una detención sea considerada legal? Este punto remite a prácticas policiales discrecionales que, en contextos de estigmatización social, suelen traducirse en abuso de poder, detenciones arbitrarias y hostigamiento a sectores vulnerables.

La posibilidad de que una persona sea conducida a una comisaría y demorada por el solo hecho de “generar sospechas” evoca un retroceso en materia de garantías constitucionales. En lugar de fortalecer la transparencia y la profesionalización de las fuerzas, el proyecto parece optar por reforzar el control punitivo del Estado sin contrapesos efectivos.

¿Una policía contra el delito o contra los derechos?

El espíritu general del proyecto busca transformar a la Policía Federal en una fuerza altamente centralizada, orientada a la inteligencia criminal y a la acción directa, con poder ampliado en áreas sensibles como el ciberespacio, la protesta social y el registro de personas.

En el inciso 8, por ejemplo, se habilita a “registrar y calificar a personas dedicadas a actividades que la policía debe reprimir”, una formulación que naturaliza la vigilancia selectiva, sin precisar con claridad los criterios ni los mecanismos de control.

En definitiva, el proyecto que impulsa Patricia Bullrich plantea interrogantes centrales sobre el equilibrio entre seguridad y derechos, en un contexto de creciente tensión social y polarización política. Si bien la lucha contra el crimen organizado requiere herramientas eficaces, el riesgo de convertir esas herramientas en instrumentos de persecución o represión encubierta debe ser considerado con máxima seriedad.

Como sociedad democrática, el debate que se abre no es técnico ni policial: es profundamente político. Se trata de decidir qué modelo de seguridad queremos construir, y hasta dónde estamos dispuestos a ceder libertades en nombre del orden. Porque cuando el Estado mira demasiado, lo que suele perderse es el derecho a no ser mirados injustamente.