Aumentos mínimos y sumas fijas: el Gobierno congela el poder adquisitivo de los estatales
El ajuste, que se aplicará de forma escalonada, contempla subas de 1,30% en agosto, 1,20% en septiembre, 1,10% en octubre y 1,10% en noviembre. Además, se otorgarán sumas fijas remunerativas no bonificables y extraordinarias de $25.000 para junio, julio y agosto, y de $20.000 para septiembre, octubre y noviembre.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes, mediante el decreto 527/2025 publicado en el Boletín Oficial, un incremento salarial para los empleados permanentes y no permanentes de la Administración Pública Nacional.
La medida, que lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también establece topes a la retribución bruta mensual para quienes realizan servicios extraordinarios: $731.618 a partir del 1 de agosto, $740.398 en septiembre, $748.542 en octubre y $756.776 en noviembre.
Un incremento que no compensa la pérdida salarial
El anuncio llega en un contexto de alta inflación acumulada y fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Si se considera que la inflación mensual sigue en torno al 5% y que la interanual supera el 150%, los incrementos dispuestos por el Gobierno resultan insignificantes: en cuatro meses, el salario apenas crecerá 4,7%, frente a una inflación proyectada superior al 20% en el mismo período.
Incluso la suma fija, presentada como un alivio, será insuficiente para revertir la caída real de los ingresos: los $25.000 o $20.000 extraordinarios representan apenas una fracción del costo de la canasta básica, que ya ronda los $900.000 para una familia tipo.
Reacción sindical dividida
El ajuste fue aceptado por UPCN, el gremio mayoritario que conduce Andrés Rodríguez, en línea con la estrategia de negociación moderada que mantiene desde el inicio del gobierno libertario. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, rechazó la decisión y convocó a “asamblea permanente”, señalando que las subas están “muy por debajo de la inflación” y que los estatales “siguen siendo la variable de ajuste”.
El decreto también fijó los salarios para profesionales residentes nacionales de hospitales e institutos del Ministerio de Defensa y el Hospital Garrahan. Los montos van desde $1.033.370 para el primer año hasta $1.362.721 para los jefes de residentes. Aunque las cifras parecen elevadas, en términos reales continúan rezagadas frente a la inflación y no contemplan el peso de las guardias y la alta carga horaria que caracteriza al sector.
Análisis político: ¿un gesto insuficiente para contener el malestar?
El Gobierno intenta mostrar control sobre las cuentas públicas sin desarmar por completo la relación con la burocracia estatal. Sin embargo, la decisión de aplicar incrementos tan bajos refuerza el clima de tensión con los gremios combativos y profundiza el malestar en un sector donde ya se registran despidos, recortes y suspensiones.
En un año atravesado por la recesión y con la pobreza en niveles récord, el ajuste sobre el salario estatal no solo erosiona la capacidad de consumo, sino que también proyecta un escenario de conflictividad creciente que puede trasladarse a las calles y a la agenda electoral.
