Aumento en las cuotas de prepagas: El Gobierno habilita ajustes diferenciados

Esta decisión fue formalizada a través del Decreto 102/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el Decreto 1993/2011.

En una medida que genera controversia y preocupación, el gobierno de Javier Milei autorizó a las empresas de medicina prepaga a aumentar las cuotas de sus planes de manera diferenciada, permitiendo que cada entidad establezca sus propios índices de ajuste.

El nuevo decreto establece que las entidades comprendidas en la Ley N° 26.682 podrán fijar libremente los valores de las cuotas de los planes de salud durante la vigencia de los contratos, con ajustes que podrán variar según las características específicas de cada plan. Sin embargo, se impone un límite: el valor de la cuota para los afiliados de mayor edad no podrá ser superior al triple del costo de la cuota para los más jóvenes, asegurando así que los planes de cobertura sean accesibles sin restricciones de edad.

Una de las principales preocupaciones sobre esta flexibilización es que las empresas pudieran aumentar las cuotas desproporcionadamente para los afiliados de mayor edad, quienes generan más gastos. Para mitigar este riesgo, el gobierno exige que las entidades informen de manera clara y destacada a los usuarios sobre cualquier modificación en los costos, especificando el porcentaje de variación y el nuevo valor de la cuota mensual. Esta comunicación deberá realizarse dentro de los cinco días posteriores a la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) y con una anticipación mínima de 30 días antes del vencimiento.

Desde el inicio de la gestión de Milei, el mercado de las prepagas ha experimentado un cambio significativo, ya que anteriormente las empresas solo podían aumentar las cuotas según lo autorizado por el gobierno. Ahora, la posibilidad de ajustes diferenciados busca evitar que los afiliados de menores ingresos subsidien a aquellos de mayor poder adquisitivo.

Desde La Casa Rosada justificaron la medida argumentando que “los planes tienen pirámides de costos bien diferentes, lo que hace necesario que ajusten de manera diferencial”. A pesar de ello, la aplicación de esta nueva normativa ha generado un amplio debate sobre su impacto en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.