ATE denunció que Sandra Pettovello podría despedir a 800 trabajadores

Según el gremio, estos trabajadores, con hasta 30 años de antigüedad, no fueron reubicados ni capacitados como lo estipula la misma ley impulsada por el Gobierno. ATE califica la medida como un «despido encubierto».

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, está incumpliendo la Ley Bases al despedir a 800 empleados que se encontraban bajo el régimen de «disponibilidad».

Un ajuste que golpea a las políticas sociales y a la estabilidad laboral
El sindicato presentó una medida cautelar para detener la aplicación de las resoluciones que permiten la situación de «disponibilidad» para empleados de planta permanente, y acusa al Gobierno de utilizar el discurso de «déficit cero» para justificar un «brutal recorte de presupuesto» en políticas sociales. La situación, además, forma parte de una ola de despidos masivos en el sector público, que según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ya alcanza a más de 54.000 trabajadores, una disminución de casi el 15% de la dotación estatal.

La justificación del Gobierno frente a una realidad de crisis
Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justifica los despidos como una vía para reducir el gasto público y lograr el superávit fiscal. Argumenta que un menor gasto estatal se traduce en menores impuestos y, por ende, mayor capacidad de consumo para el sector privado. Sin embargo, esta teoría no se ha visto reflejada en la realidad, ya que el consumo ha continuado cayendo en picada a lo largo de 2025. El funcionario también defiende la centralización de organismos como una forma de «purga» de ineficiencias, a pesar de que esta medida ha sido frenada en la Justicia y el Congreso. ATE, por su parte, insiste en que las desvinculaciones responden a criterios arbitrarios que afectan a trabajadores que sí cumplían con sus tareas, poniendo en evidencia la contradicción entre el discurso de «eficiencia» del Gobierno y el impacto social y laboral de sus políticas de ajuste.