Argentina es un Outlet: ahora se ponen en venta las centrales nucleares
Ante este panorama, la convocatoria a un «Cabildo abierto por la soberanía energética» el próximo 26 de septiembre no es solo un acto de protesta, sino un llamado urgente a la defensa de un patrimonio que es de todos los argentinos.
El gobierno avanza con un plan de privatización que, a todas luces, parece un intento de remate de los activos estratégicos del país. El turno ahora es para Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares.
Esta iniciativa, denunciada por los gremios CNTI y ATE CNEA, no solo representa una pérdida económica para el Estado, sino que también amenaza la soberanía energética y la seguridad de un sector vital y de alto riesgo.
La indignación sindical es más que justificada. Se trata de un intento de entregar a manos privadas una empresa que, según los propios trabajadores, es superavitaria y rentable. La lógica detrás de esta decisión es tan perversa como contradictoria: en lugar de capitalizar una de las pocas empresas que generan ganancias para el Estado, el gobierno prefiere regalarla al mercado.
Un negocio redondo para unos pocos, un riesgo para todos
Las advertencias de los gremios y expertos son claras. El investigador Rodolfo Kempf señala que este avance podría beneficiar a grupos como Pérez Companc, que ya han mostrado interés en el sector.
La fórmula es simple, pero desastrosa para el país: una empresa privada se quedaría con las ganancias millonarias generadas por un sector estratégico, asegurando sus beneficios con subsidios públicos, mientras que el Estado argentino se vería obligado a hacerse cargo de la parte más costosa y peligrosa del negocio: la gestión de los residuos radiactivos.
Este modelo de privatización no solo implica la pérdida de activos estratégicos, sino que también fragmenta un ciclo productivo que funciona de manera integrada. La CNEA, clave en el desarrollo tecnológico del país, sufre un “desguace” progresivo con la paralización de proyectos vitales como el reactor CAREM y la entrega de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).
El resultado es un vaciamiento sistemático de conocimiento y experiencia, lo que podría derivar en graves problemas operativos y de seguridad a largo plazo.
El gobierno parece ignorar que las centrales nucleares como Atucha II y Embalse no surgieron de la nada. Son el resultado de décadas de inversión estatal y de un enorme esfuerzo por parte de científicos y trabajadores. Privatizar NA-SA es, en esencia, entregar el fruto de ese trabajo a un puñado de capitales privados, cediendo control sobre una industria que es fundamental para la autonomía y el desarrollo tecnológico de Argentina.
Ante este panorama, la convocatoria a un «Cabildo abierto por la soberanía energética» el próximo 26 de septiembre no es solo un acto de protesta, sino un llamado urgente a la defensa de un patrimonio que es de todos los argentinos.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con la venta de los recursos soberanos de la Argentina, y qué consecuencias se va a pagar por este desmantelamiento?.
