Ana Rosa Rodríguez expuso dos trabajos de investigación en un Congreso Internacional

La integrante del STJ se refirió a la aplicación del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo y el impacto del Teletrabajo en el Poder Judicial de la Provincia

El Cuarto Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: Territorio e Innovación fue el ámbito en el que la vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez, brindó hoy dos conferencias magistrales.
La actividad, que se desarrolló durante tres días en instalaciones del Nodo Tecnológico, convocó a profesionales de distintas ramas del conocimiento y tuvo como modalidad, exposiciones por medio de mesas de trabajo.
En una primera intervención, la magistrada y el Dr. Ricardo Tahhan, actuaron como moderadores de la Mesa de Trabajo Nº 2, que abordó la temática “Procesos Migratorios”.
Seguidamente, la Dra. Rodríguez conjuntamente con integrantes del equipo de investigación,  expuso sobre el «Teletrabajo y su impacto en la realización de los actos procesales en el procedimiento laboral. Un estudio de casos en el período 2020/2021 en los Tribunales del Trabajo de Santiago del Estero, oportunidad en la que expresó: “este proyecto se enmarca dentro de un concurso de proyectos, que presentamos en la órbita de la Universidad Católica de Santiago del Estero y compitió con otros proyectos de las  distintas sedes y  ganó el concurso, justo en un momento en que la humanidad pasaba por uno de sus grandes desafíos que era la pandemia. Desde el Poder Judicial, donde prestamos un servicio que es esencial para la vida de la sociedad, hemos podido abordar la problemática de permanecer prestando ese servicio a pesar de esa circunstancia poco propicia”.
En esa línea de pensamiento, la magistrada dijo que, “ en ese contexto, la justicia como servicio esencial se prestó a través de una modalidad que es el teletrabajo, el cual está incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo, justamente en el contexto de pandemia y lo que tiene de particular es que el trabajo se presta no en la empresa, sino que el trabajador y la trabajadora lo presta en el ámbito de su domicilio o en un lugar que tenga la posibilidad de usar un medio telemático”.
Con respecto a esta investigación, comentó: «Lo que hicimos con la Dra. María Emilia Sayavedra, ex magistrada y docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Mg. Mónica Mattar, responsable del Área de Gestión Humana del Poder Judicial,  fue investigar y analizar cuál ha sido el impacto y los beneficios de la implementación del trabajo remoto en la Justicia Laboral de Santiago del Estero, en el período 2020-2021, cuando se tomaron una serie de medidas sanitarias, jurisdiccionales y administrativas».
«Asimismo, continuó, se abordó cuál fue el impacto a través de encuestas semi estructuradas a distintos colectivos: a los jueces que fueron quienes aplicaron las medidas y a los profesionales que litigaron en el Fuero Laboral, de modo de obtener sus percepciones de las medidas implementadas y si alguna de ellas llegaron para quedarse”.
 “En definitiva, ver las posibilidades de incorporar legislativamente a través de las propuestas que se haga desde el área de investigación, esas medidas en forma definitiva, para que sirvan en adelante para agilizar el procedimiento laboral», aseveró.
Luego, la Doctora en Derecho Laboral expuso acerca de los resultados de la investigación referida a la Aplicación del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo Ley 25.212, en las Relaciones Individuales del Trabajo por parte de la Unión Industrial de Santiago del Estero (UISDE), donde hizo un abordaje de las percepciones de los empresarios nucleados en esa entidad. Proyecto inserto en el programa PROMCE de la Facultad de Humanidades Cs. Sociales y de la Salud de la Unse compartiendo este espacio de exposición conjuntamente con los Contadores María del Carmen Suárez de Zovich y Adiel Giraldez.
En la exposición, explicó que «se hizo un recorte, porque no hemos analizado las consecuencias del Pacto Federal en todas las empresas, sino en las que forman parte del universo de las empresas que integran la UISDE”.
En cuanto a esta investigación, la integrante del STJ apuntó que “el objetivo fue conocer la opinión de los empresarios de la UISDE, sobre la aplicación del Pacto Federal del Trabajo en las relaciones individuales, para diagnosticar situaciones problemáticas en torno al cumplimiento y respeto del derecho de los trabajadores”.
“Queríamos Indagar las razones que, muchas veces, inducen a los empresarios a cometer infracciones, en lo que tiene que ver con la falta de inscripción de los trabajadores o por la falta de cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en el  trabajo, para determinar si esto si cumple y en caso de incumplimiento, saber el por qué».
En cuanto al Pacto Federal, la magistrada precisó que «el acuerdo fue firmado por todos los gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hacer efectivo los derechos de los trabajadores, en el ámbito de toda la República Argentina, en 1998. En el Anexo II, establece el régimen general de sanciones  por infracciones laborales y el Congreso de la Nación, en 2014, aprueba la ley 26.941. Esta normativa modifica el régimen y establece otros parámetros para la determinación de las multas por infracciones laborales, por lo cual se aplica un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil, que actualiza la aplicación de los montos para asegurar el cumplimiento del Pacto Federal”.
Concluidas las exposiciones, hubo un espacio de debate para evacuar dudas y exponer distintos puntos de vista.