Alarma institucional: los medios anticipan una condena antes que la Corte Suprema se pronuncie contra Cristina Kirchner

La información, presentada como una certeza y no como una especulación, abre un serio interrogante sobre la independencia judicial y el rol de los medios en la operación del llamado “partido judicial”.

Una vez más, la justicia argentina queda expuesta en su costado más opaco. Este jueves, el periodista Eduardo Feinmann aseguró en su programa radial que la Corte Suprema de Justicia ya tendría lista la decisión para confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, incluso antes de que el tribunal sesione formalmente.

“Estamos en condiciones de adelantar que ya habría unanimidad en la Corte para confirmar la condena de Cristina”, afirmó el conductor en Alguien Tiene que Decirlo, por Radio Mitre. También explicó que la decisión se formalizaría el martes próximo a las 10:00 de la mañana, con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, llevando la sentencia al acuerdo. Como si no bastara con la gravedad del adelanto, Feinmann agregó especulaciones sobre el lugar de detención de la expresidenta: “Existe la posibilidad de que Cristina sea trasladada a Ezeiza o a una alcaidía”.

Un fallo filtrado: ¿justicia o guion mediático?

El hecho de que un periodista anuncie una resolución judicial con precisión horaria y unanimidad supuesta, antes de que la Corte siquiera delibere, socava la credibilidad del sistema judicial argentino. Más aún cuando el comunicador en cuestión ha manifestado en reiteradas ocasiones su cercanía ideológica con el actual gobierno de Javier Milei y su postura abiertamente hostil hacia el kirchnerismo.

El uso anticipado del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite a la Corte rechazar recursos sin dar fundamentos, acentúa la opacidad: es una herramienta legal, pero utilizada frecuentemente para evitar el debate jurídico público en causas de alto voltaje político. Que el destino de una líder política pueda quedar sellado en un “no tratamiento” de su apelación, sin fundamentos explícitos, representa un retroceso democrático alarmante.

El “partido judicial” y el poder fáctico

Esta maniobra mediático-judicial no se presenta en un vacío político. Llega en momentos en que el Gobierno nacional profundiza su ofensiva contra organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales y líderes opositores, en un intento por consolidar un modelo de disciplinamiento político basado en el ajuste económico y el control simbólico.

El llamado “partido judicial”, esa articulación entre sectores de la justicia, el poder político y grandes medios de comunicación, vuelve a quedar al desnudo. La sentencia que se anticipa por los micrófonos antes que en los tribunales no es solo un síntoma de mala praxis institucional: es la prueba de que la justicia ha dejado de ser un poder autónomo para convertirse en herramienta de legitimación del poder real.

Un mensaje de disciplinamiento para el sistema político

Lo que está en juego no es sólo el futuro de Cristina Fernández de Kirchner. El mensaje que se intenta enviar es claro: nadie que desafíe los intereses del poder económico y mediático está a salvo del castigo judicial. El uso de los tribunales como arma política para eliminar a actores incómodos recuerda prácticas de lawfare que ya fueron ampliamente denunciadas en América Latina y que hoy parecen revivir con fuerza en Argentina.

Lejos de tratarse de una “decisión técnica” de la Corte, este episodio deja entrever una maniobra cuidadosamente orquestada para legitimar una condena previamente escrita, sin transparencia ni debido proceso, y con la complicidad activa de medios funcionales al oficialismo.