Abogados llevarán a instancias internacionales la ejecución de cuatro menores por militares en Ecuador

La defensa legal de cuatro menores de edad, quienes fueron detenidos y posteriormente ejecutados por una patrulla militar en Ecuador en diciembre de 2024, anunció este martes que llevará el caso a tribunales internacionales si la justicia ecuatoriana no logra establecer la responsabilidad del Estado en estos crímenes.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, afirmó que «nosotros centramos la participación y responsabilidad del Estado en la desaparición de los cuatro niños, pero también en la muerte. Y si la justicia penal no logra reconocer ambas responsabilidades, por la desaparición y por la muerte, accederemos, por supuesto, a la justicia internacional».

El letrado expresó su preocupación por el incumplimiento del Estado en su deber de protección, lo que, según argumenta, resultó en la trágica muerte de los menores provenientes de Guayaquil, en el noroeste del país. Además, denunció que «la investigación penal por la muerte de los cuatro niños continúa sin avanzar».

Las víctimas, identificadas como Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) e Ismael Arroyo (15), fueron vistas con vida por última vez a más de 40 kilómetros del lugar donde fueron capturados por 16 militares. Posteriormente, sus cuerpos calcinados fueron encontrados en un manglar cercano, en las cercanías del sector Las Malvinas, en Guayaquil.

Actualmente, los 16 militares involucrados permanecen en prisión preventiva, investigados por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, tanto el Gobierno ecuatoriano como las Fuerzas Armadas han apelado esta calificación, sosteniendo que los menores fueron abandonados con vida.

La Fiscalía General del Estado realizó el pasado domingo la segunda reconstrucción de los hechos en el marco del caso, en el que uno de los militares imputados, acogido a un mecanismo de cooperación eficaz, acusó directamente a un suboficial de haber agredido brutalmente a los adolescentes. Según la declaración, «el cabo los bajó uno por uno, los tiró de la camioneta y a uno le partió la cabeza. Los insultó, los puso de rodillas y los empezó a golpear».

Organizaciones de derechos humanos, las familias de las víctimas y la comunidad internacional continúan exigiendo respuestas y justicia desde diciembre. La gravedad del caso ha provocado pronunciamientos de entidades como UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y Amnistía Internacional.

Mientras tanto, la Fiscalía intensifica las diligencias previas al cierre de la instrucción, previsto para este miércoles, en un contexto de creciente presión internacional por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de este grave caso de violencia estatal contra menores de edad.