A un año de la condena, Kicillof acusa al Poder Judicial de actuar por intereses políticos
A través de sus redes sociales, el mandatario calificó el fallo como una «enorme infamia» y aseguró que fue impulsado por sectores de la Justicia que, según su visión, responden a intereses de poder antes que a criterios estrictamente jurídicos.
Al cumplirse un año de la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cuestionar duramente el accionar judicial y sostuvo que la expresidenta fue víctima de una persecución política que culminó en una sentencia injusta.
Kicillof afirmó que la exmandataria atravesó años de hostigamiento judicial y mediático que desembocaron en una condena que consideró arbitraria y sin pruebas concluyentes. También cuestionó los argumentos utilizados por los tribunales, al entender que se responsabilizó a Cristina Kirchner por hechos que no formaban parte de sus funciones directas.
El gobernador además advirtió sobre un clima de creciente confrontación política y recordó el intento de asesinato sufrido por la exjefa de Estado en 2022. En ese marco, criticó la falta de avances en la investigación sobre los posibles responsables intelectuales y financieros del atentado.
Durante su mensaje, Kicillof vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con el escenario político y económico actual. Según planteó, los mismos sectores que promovieron la condena respaldan hoy políticas que afectan la producción, los ingresos de trabajadores y jubilados, y favorecen una mayor concentración económica.
También dirigió críticas al presidente Javier Milei, a quien acusó de profundizar la polarización política y erosionar consensos fundamentales para la convivencia democrática.
Más tarde, en declaraciones radiales, el mandatario bonaerense amplió sus cuestionamientos y sostuvo que la condena contra Cristina Kirchner forma parte de una estrategia destinada a limitar la representación política de los sectores populares. A su entender, el caso trasciende la situación personal de la expresidenta y abre un debate sobre el funcionamiento institucional del país.
«Lo que está en discusión es la posibilidad de que determinados espacios políticos puedan representar a amplios sectores de la sociedad sin ser condicionados por factores de poder», planteó Kicillof, quien reiteró su respaldo a la exmandataria y consideró que la sentencia busca enviar un mensaje disciplinador a quienes desafían intereses económicos y políticos consolidados.
En esa línea, sostuvo que parte del Poder Judicial interviene sobre decisiones que corresponden a los poderes elegidos por el voto popular y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, ese fenómeno puede tener para la calidad democrática.
