A cinco años de la Ley del Aborto: avances históricos, retrocesos estatales y un futuro en disputa

A cinco años de su aprobación, el aborto legal en Argentina se encuentra en una etapa decisiva. Entre la fortaleza de una conquista histórica y la fragilidad de su implementación, el futuro de la ley no parece definirse únicamente en el Congreso, sino en la capacidad del Estado de cumplirla y de la sociedad de exigir que así sea.

A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el balance muestra un contraste marcado entre el impacto positivo que tuvo en sus primeros años de implementación y las crecientes dificultades que enfrenta en la actualidad.

La norma, aprobada el 30 de diciembre de 2020 tras décadas de movilización feminista, significó un punto de inflexión en materia de derechos sexuales y reproductivos en Argentina. Sin embargo, el escenario político y económico actual volvió a poner en evidencia profundas desigualdades en su aplicación.

Durante el período 2021-2023, la ley permitió que más de 245.000 personas accedieran a abortos seguros dentro del sistema de salud, al mismo tiempo que se amplió significativamente la cantidad de centros sanitarios habilitados para garantizar la práctica.

Estos datos reflejaron una reducción de los riesgos asociados a la clandestinidad y un avance concreto en la disminución de la mortalidad materna. No obstante, desde 2023 en adelante, la ausencia de información oficial impide evaluar con precisión la evolución de la política pública.

El principal foco de preocupación hoy no está puesto en la vigencia formal de la ley, sino en su implementación efectiva. El desfinanciamiento de los programas nacionales, la falta de provisión de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona, y el debilitamiento de las áreas estatales encargadas de garantizar el acceso generan un escenario de cumplimiento desigual.

En este contexto, las provincias asumen un rol central, aunque no todas cuentan con la voluntad política ni los recursos necesarios para sostener la política de salud reproductiva.

Según referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, esta situación profundiza brechas preexistentes. Las regiones del norte y el litoral aparecen como las más afectadas, donde se combinan la escasez de insumos, el uso extensivo de la objeción de conciencia, la desinformación y prácticas institucionales que desalientan o dificultan el acceso al derecho.

Frente a este panorama, las redes feministas y de acompañamiento volvieron a ocupar un lugar clave, no como sustitutas del Estado, sino como sostén frente a su retirada.

Otro aspecto crítico es la falta de transparencia. Desde 2023 no se publican datos oficiales sobre IVE e ILE, lo que limita cualquier análisis serio sobre el impacto real de la ley en los últimos años.

A esto se suma la reducción en la distribución de métodos anticonceptivos y otros insumos básicos, un retroceso que especialistas advierten como un factor de riesgo para el aumento de embarazos no deseados y prácticas inseguras.

En términos políticos, si bien no se avanzó de manera directa en la derogación de la ley, la estrategia parece orientarse a su vaciamiento. La ausencia de una ofensiva legislativa explícita convive con una desarticulación progresiva de los mecanismos que permiten que el derecho sea ejercido.

Este escenario mantiene en alerta al movimiento feminista, que interpreta la coyuntura como una disputa abierta: la ley existe, pero su sostenimiento depende de la presión social, la organización territorial y la defensa activa de los derechos conquistados.