A 11 años de Ni Una Menos: alarmas internacionales, desfinanciamiento récord y la lucha frente a un Estado en retirada
Este miércoles 3 de junio, a las 17 horas, se realizará una nueva movilización de Ni Una Menos frente al Congreso de la Nación, al cumplirse 11 años de aquella histórica convocatoria masiva que surgió tras el femicidio de Chiara Páez.
Por Rocío Criado*
En diálogo con C5N, organizaciones y referentes feministas analizan cómo se llega a esta nueva fecha, cuáles son los principales desafíos y cómo impacta en las mujeres y diversidades el abandono por parte del Gobierno nacional.
La llegada de Javier Milei al poder implicó un retroceso transversal sobre los derechos de las mujeres y diversidades, tanto por el desmantelamiento de políticas públicas específicas, como por la implementación de un modelo económico que impacta de manera más profunda sobre este sector de la sociedad.
Su gestión comenzó con la eliminación del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a lo que le siguió la desarticulación de políticas públicas contra la violencia de género como el Plan Acompañar y la línea 144, y recortes en áreas de salud sexual y reproductiva que incluyeron a la ley de Educación Sexual Integral y el Plan ENIA, entre otros aspectos.
El actual contexto encendió las alarmas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), que examinó la situación de Argentina y manifestó preocupación por regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres, niñas y adolescentes.
Ese retroceso se expresa tanto en el plano discursivo como en el de las políticas públicas. Por un lado, Milei niega de manera sistemática las desigualdades y las violencias que atravesamos mujeres y diversidades. Por otro, el Gobierno avanzó en la eliminación y el desfinanciamiento de programas específicos destinados a prevenir y revertir esas situaciones. Según datos de Amnistía Internacional, el presupuesto destinado a políticas de género se redujo un 89% desde 2024, en un contexto en el que una mujer es asesinada cada 36 horas. Además, un informe elaborado en conjunto por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que el Presupuesto 2026 consolida la reducción de recursos destinados a políticas de género.
Las estadísticas explican el contexto de los casos de violencia de género: 7 de cada 10 femicidios suceden en la vivienda de la víctima o del agresor y en el 83% existía un vínculo previo, generalmente parejas o exparejas. Los datos oficiales también exponen que en 2025 144 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre por femicidios, mientras se redujo el alcance de programas de reparación como la Ley Brisa.
Según datos de Amnistía Internacional, el presupuesto destinado a políticas de género se redujo un 89% desde 2024, en un contexto en el que una mujer es asesinada cada 36 horas.
En este escenario, los recientes datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema indican que las víctimas de femicidio pasaron de 228 en 2024 a 200 en 2025, una baja del 12,3%, aunque desde Amnistía resaltaron que aquella baja “se debe a una disminución de casos en algunas jurisdicciones, centralmente la provincia de Buenos Aires —de 98 a 78 casos—, que por su peso poblacional tiene un impacto determinante en la estadística nacional”.
Además, aclararon que, aunque hubo una leve disminución, el piso de violencia letal sigue siendo extremadamente alto: desde 2017 se mantiene en torno a una mujer asesinada cada 36 horas o 20 mujeres por mes, durante casi una década, por eso hablan de una emergencia sostenida. Para ampliar el análisis, desde ELA explicaron a este medio que “una variación interanual no muestra una tendencia” por lo que “para entender qué está pasando hay que mirar más de un indicador: femicidios, tentativas, denuncias, medidas de protección, acceso a patrocinio jurídico, dispositivos territoriales y respuestas judiciales”.
Por otro lado, en 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra las personas LGBTI+, el número más alto desde que existen registros, con un aumento de más del 60% respecto al año anterior. El 62,5% de las víctimas fueron mujeres trans y travestis y los casos de violencia física crecieron un 101%.
Dentro de la agenda que vino a desarticular el Gobierno también aparece el retroceso en salud sexual y reproductiva y en la prevención, con el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y el desmantelamiento del Plan ENIA. A eso hay que sumarle que desde 2024 se registran faltantes generalizados de misoprostol y mifepristona, y una caída drástica en la distribución de anticonceptivos. Según datos de ELA, los recortes en las compras de métodos anticonceptivos tienen como consecuencia una drástica caída en la cantidad de mujeres protegidas: de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para 2026.
A la desarticulación de políticas públicas hay que agregar las consecuencias del modelo económico de Milei, junto a medidas o leyes específicas como la reforma laboral, que vienen a profundizar un escenario de desigualdad existente. De acuerdo a datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las mujeres ganan en promedio un 29% menos que los varones por su ocupación principal. Esta brecha asciende al 40% en el mercado laboral informal, lo que provoca la feminización de la pobreza, en un contexto donde las mujeres son el 64% de las personas con menores ingresos.
“Cuando el Estado se retira, recorta recursos o relativiza la violencia de género no mejora la situación: deja a más mujeres, niñas y personas LGBTI+ libradas a su suerte”, advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Al ser consultada sobre el presente, detalló las consecuencias concretas del desmantelamiento: “La Línea 144, que entre 2019 y 2023 intervino en más de 93.000 casos, fue transformada en un servicio genérico para ‘cualquier persona en situación de violencia’, quitándole especificidad. Además, perdió su partida presupuestaria específica y redujo un 45% su planta de trabajadores, afectando incluso turnos críticos en los que ya no hay equipos completos de acompañamiento integral”.
En cuanto al Programa Acompañar, explicó que “desde su creación asistió económicamente a más de 350.000 mujeres en situación de violencia” y que hoy ”también redujo su alcance y ahora exige una denuncia judicial o policial previa, una barrera que puede dejar afuera justamente a quienes necesitan apoyo urgente para salir de una situación de violencia y construir autonomía”.
“Frente a un problema estructural, la respuesta oficial no puede ser el abandono: debe ser más prevención, más protección y un Estado presente”, sintetizó Belski.
Por su parte, desde ELA describieron un presente donde “las mujeres hoy tienen menos herramientas para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde” y denunciaron que “cuando el Estado nacional desjerarquiza áreas, recorta programas, reduce equipos, deja de publicar datos o no presenta un plan claro, el problema no desaparece. Lo que se debilita es la capacidad para prevenir, detectar riesgos y acompañar”.
Al desarmar el discurso que promueve el Gobierno, puntualizaron que “la violencia de género no baja porque el Estado deje de nombrarla. Y esto no significa defender cualquier política sin evaluación. Las políticas públicas deben rendir cuentas, corregirse y mejorar. Pero desarmar herramientas sin evidencia y sin un plan alternativo no es eficiencia: es abandono».
Balance y desafíos contra la violencia de género
“A once años del primer Ni Una Menos, el balance muestra avances, pero también deudas urgentes”, advirtió Belski. En ese sentido, detalló que por un lado “la movilización social permitió nombrar lo que antes se escondía puertas adentro, visibilizar la violencia de género como un problema estructural y construir herramientas concretas: registros de femicidios, leyes, capacitaciones, fiscalías especializadas, líneas de atención y políticas de prevención, asistencia y reparación”, por lo que subrayó que “el movimiento abrió caminos que antes estaban cerrados y cambió para siempre el modo en que la sociedad mira estas violencias”.
Pero también aclaró que “la existencia de esas herramientas no significa que alcancen ni que funcionen como deberían. Muchas veces llegan tarde, están desfinanciadas, no articulan entre sí o revictimizan a quienes deberían proteger”. “Cuando la Justicia demora, descree, investiga mal o no adopta medidas de protección a tiempo, la impunidad empieza mucho antes de una sentencia: empieza cuando una persona pide ayuda y la institución no está a la altura”, aseveró.
Ante los resultados de la actual gestión, manifestó que «el retroceso más grave sería creer que el camino es desarmar las políticas de género. Lo que hace falta es fortalecerlas, corregir lo que falla y exigir que respondan mejor». «En 2025 se cometieron 200 femicidios en Argentina; el 77% de los femicidios directos ocurrieron en contextos de violencia doméstica y en el 83% de los casos existía un vínculo previo con el agresor. No son cifras aisladas: son hijas, hermanas, amigas, madres, vidas que el Estado y la sociedad no lograron proteger”, reclamó.
Por su parte, en línea con lo expresado por Belski, desde ELA destacaron que “el principal avance es que la violencia de género dejó de ser vista como un problema privado”. “Como sociedad aprendimos a nombrar situaciones que durante mucho tiempo quedaban encerradas en las casas, naturalizadas o silenciadas. Hoy hay mayor reconocimiento de la violencia de género en la sociedad, más herramientas legales y más demanda de respuesta estatal. El caso de Agostina está siendo una prueba de eso”, expresaron.
Asimismo, reconocieron que “esos avances conviven con retrocesos muy preocupantes” ya que “los femicidios siguen ocurriendo y muestran que todavía llegamos tarde”. Es por eso que señalaron que “la violencia no empieza con el femicidio: empieza mucho antes, con control, amenazas, aislamiento, dependencia económica, violencia psicológica o sexual. Por eso, cuando el Estado se retira o cuando la Justicia no mira el contexto, el riesgo aumenta”.
En torno a los desafíos, Belski hizo hincapié en la necesidad de «sostener políticas públicas integrales, con presupuesto suficiente, para prevenir, asistir, proteger, investigar y reparar». «No alcanza con intervenir cuando ya ocurrió el hecho más extremo. La violencia empieza mucho antes: en el control, la humillación, el acoso, la violencia digital, la dependencia económica, los pactos de silencio, la naturalización de desigualdades y la falta de respuestas oportunas del Estado”, aseguró.
Y planteó la necesidad de una participación colectiva: “También es clave involucrar a toda la sociedad, especialmente a los varones, no desde la culpa individual sino desde la responsabilidad colectiva. Construir masculinidades sensibles, atentas y responsables es prevención: implica educar para registrar el miedo ajeno, escuchar sin burlas, no confundir deseo con derecho, no naturalizar el control como amor e intervenir cuando un par humilla, amenaza, acosa o justifica lo injustificable. La violencia de género no es un tema sectorial: es una responsabilidad social”.
Por último, desde ELA sostuvieron que “el principal desafío es que el Estado llegue antes de los desenlaces fatales». «El acceso a la justicia no es solo poder hacer una denuncia. Requiere información clara, patrocinio jurídico, investigación seria, medidas de protección oportunas y decisiones judiciales sin estereotipos. Cuando alguno de esos eslabones falla, la respuesta estatal llega tarde o no llega», enumeraron.
Allí pusieron el foco en la importancia de un Estado presente: “Eso también requiere políticas públicas concretas, como líneas de atención, equipos territoriales y apoyos económicos, pero también una Justicia capaz de interpretar los casos en el contexto en el que suceden. Muchas víctimas no denuncian, o denuncian tarde. Si el sistema solo cree cuando la violencia es extrema, llega tarde”.
*C5N
