Una intervención sin cifras claras: el costo humano y político del ataque estadounidense en Venezuela

Más allá de la disputa geopolítica entre Washington, Caracas y La Habana, el dato central sigue siendo el costo humano: decenas de muertes que, hasta ahora, carecen de reconocimiento oficial y de una investigación transparente. En ese vacío informativo, la pregunta clave no es solo cuántos murieron, sino quién asume la responsabilidad política y moral por una operación que, aun sin cifras definitivas, ya aparece como una de las acciones más graves y controversiales en la historia reciente de la región.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, cuyo objetivo habría sido capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, dejó al menos 80 personas muertas entre civiles y militares, según una investigación publicada por The New York Times basada en el testimonio de un alto funcionario venezolano.

La cifra, que duplica los reportes iniciales de unas 40 víctimas, revela no solo la magnitud del ataque, sino también la opacidad informativa que rodea a un episodio de extrema gravedad regional.

De acuerdo con el diario estadounidense, entre los fallecidos se encontrarían al menos 32 ciudadanos cubanos, incluidos miembros de las fuerzas armadas que se encontraban en Venezuela en misión de cooperación militar. Esta información fue posteriormente confirmada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien reconoció la muerte de combatientes cubanos que custodiaban al mandatario venezolano.

El propio Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, admitió indirectamente esas bajas al señalar que “muchos cubanos perdieron la vida” durante la operación.

Sin embargo, pese a la magnitud del despliegue —que habría involucrado más de 150 aeronaves y ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira— ninguno de los gobiernos implicados ha ofrecido cifras oficiales ni un balance detallado de víctimas. Este silencio institucional resulta especialmente preocupante, ya que impide verificar responsabilidades, esclarecer el impacto real sobre la población civil y evaluar la legalidad de una acción militar de tal escala.

Desde una perspectiva crítica, el episodio pone en evidencia varios elementos alarmantes. Por un lado, la normalización de intervenciones militares unilaterales bajo objetivos políticos concretos, como la captura de un jefe de Estado, sin mecanismos claros de rendición de cuentas. Por otro, el uso de filtraciones y declaraciones parciales como principal fuente de información, lo que deja a la opinión pública dependiente de versiones incompletas y potencialmente interesadas.