Trabajador pobre: un informe de la UCA reveló que el 15% de los asalariados formales sufre hambre
Cualquier reforma laboral que no se centre prioritariamente en la recuperación del poder adquisitivo y en la estabilización económica que ponga freno a la informalidad y al «trabajo pobre» estará condenada a ser, en el mejor de los casos, irrelevante, y en el peor, un factor que agrave aún más la crisis alimentaria de la clase trabajadora argentina.
La imagen insólita de sindicatos del transporte montando ollas populares para asistir a sus propios afiliados formales en Rosario es el síntoma más crudo y visible de la profunda crisis de ingresos que atraviesa Argentina.
Esta realidad ha sido respaldada con datos alarmantes por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que revela que el 15 por ciento de los trabajadores asalariados formales del país padecen inseguridad alimentaria por falta de recursos económicos.
Esta cifra, que se agrava al 25% entre informales y cuentapropistas, sepulta la noción de que tener un empleo registrado es un blindaje contra el hambre y exponen una falla estructural en el modelo económico: el trabajo ya no garantiza la cobertura de las necesidades básicas.
El análisis crítico subraya que la crisis trasciende la mera precariedad, consolidando la figura del «trabajador pobre» . Aunque el informe de la UCA muestra un nivel bajo reciente del índice en formales (de 9,1% a 7,8% en el último año), el promedio de los últimos tres años, y el contexto actual, indican que una porción significativa de la población ocupada está forzada a reducir porciones oa sacrificar la calidad de los alimentos.
El dato de que el 19,6% de todos los ocupados adultos padecen inseguridad alimentaria refleja que el problema es sistémico, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo y la desregulación laboral.
La situación se agrava con la respuesta estatal. La llegada del Gobierno de Javier Milei, con su política de congelamiento y análisis de la ayuda social , ha impactado directamente en la capacidad de respuesta de los comedores populares, generando una demanda que ahora incluye a «muchos trabajadores en blanco e informales» que deben recurrir a esta asistencia.
La protesta social por el reclamo de alimentos ha sido, incluso, reprimida, como ocurrió en Córdoba, lo que no solo criminaliza la necesidad, sino que desvía recursos y energía de las soluciones de fondo. El Gobierno, al priorizar el ajuste fiscal y la desregulación (como se vio en el análisis del blanqueo laboral), parece ignorar la emergencia alimentaria que afecta a quienes deberían ser la base de la economía productiva.
Finalmente, el panorama laboral es doblemente preocupante. Mientras el trabajo asalariado formal no garantiza comer, el mismo segmento de empleo registra una fuerte contracción : 205.000 bajas desde diciembre de 2023 hasta julio de 2025.
La pérdida de puestos de trabajo formales, sumada a la insuficiencia del salario para los que se mantienen, consolida una tendencia de deterioro social que la UCA identifica como la más alta en tres años para el total de ocupados.
