Subsidios para despedir: denuncian a Globant y otras 20 tecnológicas por fraude fiscal
Lo que era una política de Estado para generar valor agregado y empleo calificado, corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de precarización tech, si no se fiscaliza, regula y reorienta su aplicación real.
Una denuncia por presunto fraude con subsidios del régimen de Economía del Conocimiento reavivó tensiones dentro del sindicalismo tecnológico.
Mientras se cuestiona que empresas como Globant cobraron beneficios millonarios y al mismo tiempo ejecutaron despidos masivos, el gremio se fractura entre estrategias confrontativas y un sindicalismo más negociador. El caso pone en jaque a uno de los sectores más promovidos del país.
La Asociación Gremial de Computación (AGC) presentó una denuncia formal contra 21 empresas tecnológicas, incluyendo a Globant, por presunto fraude fiscal relacionado con los subsidios de la Ley de Economía del Conocimiento. La presentación, que apunta al cobro indebido de beneficios fiscales millonarios mientras se ejecutaban despidos masivos, generó un fuerte revuelo en el sector y una inusual grieta sindical.
El caso testigo es Globant (Sistemas Globales S.A.), acusada de haber reducido su plantilla en 453 trabajadores entre enero y julio de 2025, mientras recibía Bonos de Crédito Fiscal (BCF) que eximen hasta el 70% de las cargas patronales, a cambio de la obligación legal de mantener o incrementar la nómina. Si se prueba la violación del Artículo 4° de la Ley 27.506, la empresa podría enfrentar no solo la revocación de los beneficios, sino también la devolución retroactiva de lo cobrado, multas e intereses.
La denuncia de la AGC apunta a un uso perverso del régimen de promoción: subsidios para despedir, violando el espíritu de una ley pensada para fomentar la creación de empleo en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. Sin embargo, la presentación no fue bien recibida por la Unión Informática (UI), principal gremio del sector, que conduce Ignacio Lonzieme.
Desde la UI calificaron la movida como un “error táctico y estratégico”, criticando a la AGC por “atacar el régimen que dio impulso al sector”, en lugar de enfocarse en casos puntuales de mala praxis empresarial. Para Lonzieme, este tipo de acciones ponen en riesgo el ecosistema tecnológico nacional, y podrían generar efectos contraproducentes como la pérdida de más empleos, el desaliento de inversiones y el debilitamiento del marco normativo que sostiene al sector.
Más allá de la crítica a la forma de la denuncia, la UI no niega los abusos empresariales, y advierte sobre prácticas como el triburo exterior, la evasión, la falta de diálogo social y el uso abusivo de la Inteligencia Artificial como excusa para despedir. En ese marco, el sindicato llamó a una “madurez gremial”, centrada en “sindicalismo serio” y acciones en los organismos competentes, no en denuncias mediáticas.
La controversia, sin embargo, expone un problema de fondo: el uso del Estado como sostén financiero para empresas que no garantizan empleo, ni condiciones laborales dignas. La Ley de Economía del Conocimiento, con sus múltiples beneficios fiscales, fue concebida como una herramienta de desarrollo, pero su aplicación dista de ser equitativa. Mientras muchas startups y PYMES luchan por acceder al régimen, grandes corporaciones acceden a subsidios millonarios sin control efectivo del cumplimiento de sus compromisos.
En el trasfondo de esta disputa está también la ausencia del Estado como regulador activo. La denuncia exhibe las fallas en la fiscalización de un régimen que, sin controles reales, puede convertirse en una herramienta para socializar pérdidas y privatizar ganancias.
Por ahora, la pelota está en el campo de la Autoridad de Aplicación de la ley, que deberá determinar si hubo o no fraude, y qué consecuencias habrá para las empresas involucradas. Pero la fractura gremial y el debate sobre cómo ejercer la representación sindical en el sector IT quedan instalados.
