Subsidios energéticos: el Gobierno avanza hacia un esquema único, más focalizado y con menor cobertura general
El nuevo esquema refleja una orientación clara hacia la focalización del gasto social y la reducción progresiva de los subsidios generalizados. Si bien el Gobierno apuesta a una asignación más eficiente de los recursos, el desafío será contener el impacto en los hogares que queden fuera del beneficio y enfrentar posibles tensiones sociales en un contexto de tarifas más altas y poder adquisitivo aún ajustado.
El Gobierno nacional puso en marcha desde enero un profundo rediseño del sistema de subsidios energéticos, con el objetivo de reducir el gasto fiscal y concentrar la asistencia en los sectores de mayor vulnerabilidad.
A través del decreto 943/2025, quedó formalizado el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza el esquema de segmentación por niveles de ingresos y marca un cambio estructural en la política tarifaria.
La principal novedad del nuevo régimen es la eliminación de las categorías N1, N2 y N3, vigentes hasta ahora, para dar lugar a un sistema binario: usuarios con subsidio y usuarios que pagan el costo pleno de la energía. De esta manera, el acceso al beneficio deja de depender de una clasificación amplia por ingresos y pasa a definirse mediante criterios unificados de inclusión y exclusión, basados en la capacidad económica real de los hogares.
El umbral de acceso quedó fijado en ingresos netos totales equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”, según el Indec. Este parámetro busca acotar el universo de beneficiarios y evitar filtraciones hacia sectores de ingresos medios que, bajo el esquema anterior, aún recibían asistencia parcial. La migración automática del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) apunta a garantizar continuidad administrativa, aunque el Gobierno dejó abierta la posibilidad de futuras depuraciones del padrón.
En paralelo, la eliminación de programas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas refuerza la lógica de simplificación y centralización del sistema. Desde la perspectiva oficial, un esquema único permitiría mejorar el control del gasto y reducir superposiciones, aunque también implica la pérdida de herramientas diferenciadas que atendían situaciones particulares.
En términos de impacto económico, el diseño de bloques de consumo subsidiado en electricidad —con topes mensuales y una bonificación del 50%— introduce señales de ahorro energético, ya que todo consumo excedente se pagará a tarifa plena. Algo similar ocurre con el gas, donde se mantienen los límites regionales pero sin subsidios para los consumos superiores. En el caso de las garrafas, la acreditación directa vía billeteras digitales busca mayor trazabilidad y rapidez en la asistencia.
