Sturzenegger admitió que la reforma laboral busca terminar con los sindicatos

Al confirmar que la ofensiva gubernamental apunta, de manera «lisa y llanamente», a reducir el poder del sindicalismo, particularmente el de la CGT, el Ejecutivo nacional ha politizado el debate laboral al extremo, ubicándolo en el terreno de una confrontación ideológica directa.

Las recientes declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un foro empresarial en España, han disipado cualquier ambigüedad sobre el verdadero objetivo político de la reforma laboral impulsada por el Gobierno: desarticular la estructura de los gremios .

Este reconocimiento explícito, realizado en un auditorio «muy permeable a su discurso anti sindical» (CEOE de España), no es casual. Busca consolidar el apoyo del empresariado, tanto local como internacional, presentándose como la garantía de la eliminación de los costos y las estructuras que, según la administración libertaria, «encarecen el costo laboral».

La propuesta de una «federalización de las negociaciones colectivas» , ilustrada con el forzado paralelismo entre Milán y Sicilia, es la clave para fragmentar el poder de las grandes centrales obreras.

Al descentralizar la negociación y, más grave aún, al insistir en la eliminación o limitación de los aportes salariales a los sindicatos (los llamados «peajes»), el Gobierno ataca la base misma de la capacidad de acción y el financiamiento de las organizaciones gremiales.

La promesa de Sturzenegger de que los transferidosán ese ahorro directamente al salario neto de los trabajadores es una afirmación que carece de garantías económicas o legales históricas, y es vista con escepticismo como una justificación para reducir el poder sindical.

La respuesta de la CGT no se hizo esperar, y es un claro anticipo de la escalada que se avecina. La voz de Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, fue tajante al negar cualquier consenso y advertir: «Si es para retroceder, no vamos a negociar». La central obrera, que ya demostró su capacidad de acción al judicializar con éxito el capítulo laboral del DNU 70/23, ve en la nueva reforma un intento de reintroducir las mismas modificaciones que socavan derechos adquiridos.

La crítica sindical a la falta de conocimiento del ministro sobre el funcionamiento de los convenios y jornadas laborales en Argentina refuerza la percepción de que el proyecto está impulsado por un sesgo ideológico más que por una visión técnica o de diálogo social.

El escenario se tensa. La CGT, si bien declara no ser la «máquina de impedir», ha puesto al Gobierno en alerta: si «cierra la puerta» al diálogo y avanza unilateralmente, el movimiento obrero «reaccionará» con «acciones contundentes» .

Esto incluye la creciente posibilidad de un nuevo plan de lucha, movilizaciones masivas y presentaciones judiciales . La revelación de Sturzenegger no solo confirma la naturaleza confrontativa de la reforma, sino que también establece las coordenadas para un inevitable choque entre el poder Ejecutivo y la principal central de trabajadores del país.

La espera por el texto definitivo del proyecto se ha convertido en la tensa calma que precede a una potencial crisis de conflictividad social y política.