Sindicatos petroleros en Santa Cruz advierten por la retirada de YPF y el riesgo de una crisis laboral y ambiental
Lo que está en juego no es solo la relación entre una empresa y sus empleados, sino el futuro de la industria hidrocarburífera en la región y su impacto social, económico y ambiental en un territorio históricamente dependiente del petróleo.
La decisión de YPF de reducir su presencia en Santa Cruz encendió las alarmas de los sindicatos petroleros, que acusan a la compañía de incumplir compromisos de inversión y de intentar retirarse de la provincia sin asumir responsabilidades ambientales.
La situación, que combina incertidumbre productiva con tensiones laborales y pasivos ambientales sin resolver, amenaza con profundizar la fragilidad económica de la región.
El Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, conducido por Rafael Güenchenen, y el Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, liderado por José Llugdar, declararon el estado de alerta y movilización. Ambos gremios sostienen que la reducción de inversiones impacta directamente en la producción y pone en riesgo cientos de empleos, además de dejar a la provincia con un escenario ambiental crítico tras décadas de explotación.
Los dirigentes remarcan que la empresa de bandera no puede desligarse de los compromisos asumidos, ni en el plano laboral ni en el ambiental. En ese sentido, denuncian que la eventual retirada de YPF dejaría un “vacío” difícil de llenar: la pérdida de puestos de trabajo, la merma en la actividad hidrocarburífera y el costo de la remediación ambiental, que quedaría a cargo de la provincia en un contexto económico complejo.
El conflicto abre un debate más amplio sobre el rol de YPF como actor estratégico y sobre la sostenibilidad de la matriz energética de Santa Cruz. Para los sindicatos, la continuidad de la actividad requiere inversiones que aseguren no solo empleo y producción, sino también responsabilidad ambiental. Por ello anunciaron que mantendrán medidas de fuerza hasta que se garantice un plan de transición que proteja a los trabajadores y a la provincia.
