13 de enero de 2026

Sindicalistas visitarán varias provincias: pugna federal por la reforma laboral entre el Gobierno y la CGT

El escenario político argentino se traslada a las provincias en una disputa estratégica por el respaldo de los gobernadores frente a la reforma laboral. Mientras el Poder Ejecutivo despliega una agenda de negociación basada en la gestión de recursos tras la aprobación del Presupuesto 2026, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanza su propia gira federal para consolidar un frente de resistencia que impida el avance del proyecto en el Congreso.

Esta dinámica revela un quiebre en la estrategia oficialista. Por un lado, el Ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza una avanzada institucional buscando alinear a mandatarios aliados y dialogar con opositores como Sergio Ziliotto, quien ya anticipó su rechazo a las modificaciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por otro lado, la figura de Patricia Bullrich y su retórica confrontativa generan desconfianza en el sector gremial, lo que fragmenta los puentes de diálogo del Gobierno y obliga al sindicalismo a buscar refugio en el poder territorial de las provincias.

La central obrera, representada por el triunvirato de Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, apuesta a que los gobernadores prioricen la paz social en sus distritos antes que un acuerdo legislativo con la Casa Rosada. La gira, que iniciará en Santiago del Estero y se extenderá hasta la Patagonia, busca capitalizar el peso de los gremios locales en la política provincial para condicionar el voto de los legisladores nacionales a partir de las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.

El análisis de este panorama sugiere que la reforma laboral no se definirá únicamente en los despachos de Buenos Aires, sino en la capacidad de cada bando para ofrecer certezas a los mandatarios provinciales.

Mientras el oficialismo admite dificultades para obtener los votos y muestra una voluntad inusual de aceptar cambios en el texto, la CGT juega su carta de presión territorial, entendiendo que la gobernabilidad de las provincias depende, en gran medida, de mantener una relación estable con los representantes de los trabajadores.

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