Sandra Pettovello enfrenta un reclamo judicial por la suspensión de asistencia a comedores comunitarios

Este jueves, el juez Enrique Lavié Pico dio luz verde a la solicitud de las agrupaciones que buscan que estos comedores sean reincorporados en el registro oficial y, por ende, puedan recibir alimentos, luego de que la administración libertaria decidiera recargar el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables.

En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el gobierno argentino y las organizaciones sociales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se encuentra en el centro de la controversia tras la decisión judicial que habilitó la feria judicial para tratar el reclamo de 63 comedores comunitarios.

Las organizaciones sociales, representadas por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (Faccyr), argumentan que los comedores están debidamente registrados en el Renacom y han cumplido con toda la documentación necesaria para mantener su asistencia alimentaria, la cual fue abruptamente suspendida por Pettovello. Esta decisión ha dejado a muchos niños, adultos y ancianos en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que dependen de estos espacios para acceder a un plato de comida diario.

El juez Lavié Pico, en su dictamen, subrayó la gravedad de la situación, señalando que «la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos». La ministra tiene hasta este viernes para responder al reclamo, lo que añade presión a un ya complicado panorama para el gobierno.

No es la primera vez que la ministra Pettovello es objeto de críticas. En meses anteriores, organizaciones sociales habían denunciado la acumulación de toneladas de alimentos sin distribuir, lo que generó un clima de desconfianza. El dirigente social Juan Grabois incluso había presentado una denuncia formal contra ella por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por la suspensión de la entrega de alimentos básicos a los comedores.

Como parte de esta batalla legal, el juez federal Sebastián Casanello también había ordenado al gobierno presentar un informe detallado sobre los alimentos acopiados y un plan para su distribución, pero hasta la fecha, no se ha recibido respuesta del Ejecutivo.

La situación pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el gobierno en su intento de implementar políticas de ajuste, mientras las organizaciones sociales continúan alzando la voz en defensa de los derechos de los más necesitados. Con la mirada atenta de la sociedad, la respuesta de Pettovello podría marcar un punto de inflexión en esta crisis alimentaria.