Sadesa, la curtiembre de los Galperin prorroga su plan de emergencia, alarma en sus 500 trabajadores

El caso expone no solo la fragilidad de una empresa, sino también el declive estructural de una industria que supo ser estratégica y que hoy enfrenta desafíos de competitividad, costos y sostenibilidad en el mercado global.

El deterioro de la industria del cuero vuelve a impactar sobre uno de sus actores más relevantes. Sadesa, empresa vinculada a la familia de Marcos Galperin, decidió extender el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta que le permite ganar tiempo en medio de un escenario económico adverso, pero que mantiene en estado de alerta a más de 500 trabajadores.

La renovación del acuerdo, formalizada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina a comienzos de marzo, asegura transitoriamente la continuidad laboral hasta mayo. Durante ese período, la compañía se compromete a evitar despidos y suspensiones, aunque implementa mecanismos de ajuste orientados a reducir costos operativos.

Entre las medidas adoptadas, se modificó la estructura salarial: los trabajadores pasaron de cobrar la totalidad de sus ingresos bajo un esquema no remunerativo a un formato mixto, donde el 70% continúa en esa condición y el 30% restante se encuentra sujeto a aportes. Si bien esto representa un alivio financiero para la empresa, también implica una merma indirecta en los beneficios y contribuciones de los empleados.

El problema, sin embargo, se proyecta más allá del corto plazo. Una vez finalizado el paraguas del PPC, la firma evalúa avanzar con un recorte significativo de personal: se estima la posible desvinculación de al menos 100 empleados y la suspensión de otros 200. El propio régimen habilita, además, el pago de indemnizaciones reducidas, lo que profundiza la preocupación en el plantel.

A este panorama se suma la amenaza de una relocalización productiva. La empresa analiza trasladar parte de sus operaciones a países como Tailandia o Vietnam, donde los costos son más bajos, una posibilidad que incrementa la incertidumbre sobre la continuidad de las plantas locales.

Uno de los puntos más críticos es la planta ubicada en Esperanza, donde el impacto social podría ser considerable. La comunidad depende en gran medida de la actividad de la curtiembre, en un contexto en el que todo el sector evidencia una contracción pronunciada: de niveles de facturación cercanos a los 1.000 millones de dólares en 2012, se pasó a cifras que rondan apenas los 100 millones en la actualidad.