Revés para Milei en el Senado: la Emergencia en Discapacidad es ley y marca un quiebre político
La decisión no solo significó un triunfo para los sectores que vienen reclamando desde hace meses mayores garantías para las personas con discapacidad, sino también un revés político de gran magnitud para el Gobierno: hacía 22 años que un veto presidencial no era rechazado por el Congreso.
El Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad al rechazar con 63 votos a favor y 7 en contra el veto que había firmado Javier Milei a principios de agosto.
El resultado expuso la soledad legislativa de La Libertad Avanza. Solo sus propios senadores y dos aliados acompañaron al Presidente, mientras que un amplio arco opositor —que incluyó al radicalismo, al PRO y a bloques provinciales— se unificó detrás de la ley.
La foto final fue aún más contundente que la de julio, cuando se había aprobado la norma por primera vez: esta vez, senadores que antes habían optado por ausentarse decidieron votar afirmativamente, incrementando el margen de apoyo.
La sesión se desarrolló en un clima atravesado por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La oposición aprovechó ese escándalo para remarcar la contradicción de un Gobierno que, mientras enfrenta acusaciones de corrupción, pretendía bloquear una ley reclamada por un sector históricamente postergado.
El oficialismo tuvo una defensa débil. Solo la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, alineada con el Gobierno aunque formalmente integra el PRO, se expresó a favor del veto. El propio presidente del bloque libertario, Ezequiel Atauche, se bajó a último momento de la lista de oradores, dejando sin respaldo discursivo al Ejecutivo.
Más allá de la cuestión parlamentaria, el rechazo al veto expresa un consenso social y político que desborda lo partidario. Prestadores, familiares e instituciones vinculadas a la discapacidad habían paralizado actividades y se movilizaron en todo el país, presionando a los senadores en la antesala de la votación. Ese frente social encontró eco en un Congreso que, en este caso, actuó con una lógica distinta a la habitual: no pesaron las identidades partidarias sino la necesidad de dar una respuesta a un reclamo sensible.
El impacto político del resultado es claro. Milei no solo sufrió su primera derrota legislativa significativa, sino que también quedó expuesto como un Presidente aislado, incapaz de sostener apoyos incluso en sectores de la oposición dialoguista. El episodio anticipa dificultades crecientes para su estrategia parlamentaria, sobre todo en temas que impliquen costos sociales altos.
El trasfondo, sin embargo, excede la coyuntura política: la discapacidad se instaló como un tema ineludible en la agenda pública. El rechazo al veto muestra que, al menos en este punto, la dirigencia política argentina encontró un límite común frente a las políticas de ajuste del oficialismo. Y deja en evidencia que la gobernabilidad de Milei deberá negociar con un Congreso que, cuando perciba un costo social y político elevado, no dudará en marcarle la cancha.
