Retenciones cero: 1.500 millones de dólares para 12 exportadoras y un golpe al Estado y a los productores
La política de “retenciones cero”, que el gobierno de Javier Milei había anunciado hasta el 31 de octubre, duró apenas tres días, pero alcanzó para desatar un escándalo de proporciones.
En ese breve lapso, solo 12 grandes empresas agroexportadoras se apropiaron de beneficios por alrededor de 1.500 millones de dólares, en lo que especialistas califican como uno de los fraudes económicos más graves de los últimos tiempos.
Los informes de los periodistas Rosalía Costantino (C5N) y Matías Longoni (Bichos de Campo) detallan cómo los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo habilitaron un mecanismo que permitió a esas compañías registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de manera anticipada, garantizándose exportaciones futuras sin pagar el 26% de retenciones que ya fueron restituidas. El procedimiento permitió incluso registrar un 29% de soja que todavía no había sido sembrada, lo que multiplica las sospechas de manipulación.
La lógica de la maniobra es simple y brutal: las exportadoras fijaron operaciones con retenciones cero, asegurando así un margen extraordinario. Cuando compren la soja a los productores, les descontarán el impuesto que, en los hechos, no abonarán al Estado. Resultado: ni los productores ni las arcas públicas verán un solo dólar de ese beneficio.
Los principales ganadores son gigantes del comercio mundial de granos: Bunge (305 millones), Louis Dreyfus (298 millones), Cofco (238 millones), Cargill (179 millones), Viterra (185 millones) y Molinos (106 millones), entre otros. Todos ellos concentraron la totalidad de la renta inesperada.
En cambio, los perdedores son múltiples. Los productores, sin margen para ingresar en el esquema, quedaron atrapados en un mercado en el que deberán vender más barato. El Estado, en pleno ajuste, resignó 1.500 millones de dólares de recaudación. Y en el plano internacional, el golpe también se hizo sentir: los productores estadounidenses denunciaron una caída del precio de la soja en Chicago, lo que agrava la competencia con China.
El caso exhibe con crudeza cómo las políticas públicas, diseñadas bajo la bandera de la “libertad de mercado”, pueden terminar operando como un mecanismo de transferencia de riqueza hacia un grupo concentrado de empresas, en detrimento del conjunto social.
La “casta del campo” quedó al desnudo: los grandes jugadores no solo imponen las reglas, sino que logran que el Estado legitime negocios que debilitan sus propias finanzas y castigan a quienes producen.
