Represión sin límites: procesan al policía que gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados
La Justicia dictó el procesamiento del agente Cristian Rivaldi, integrante de la Policía de la Ciudad, por haber arrojado gas lacrimógeno contra Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, durante la brutal represión a una marcha de jubilados el pasado 11 de septiembre de 2024.
El hecho, registrado en videos que se viralizaron en redes sociales, se convirtió en símbolo del uso excesivo de la fuerza por parte del Estado y expone la creciente criminalización de la protesta social bajo la administración de Javier Milei.
El procesamiento, que incluye la acusación por lesiones y abuso de autoridad, representa un primer reconocimiento judicial de lo que amplios sectores de la sociedad y organismos de derechos humanos vienen denunciando desde hace meses: una escalada represiva que no distingue entre manifestantes y transeúntes, entre adultos y menores, entre legítimos reclamos y supuestas amenazas al orden público.
La niña, que se encontraba junto a su abuelo participando pacíficamente de la marcha en defensa de los haberes jubilatorios, fue atacada sin advertencia, en un operativo que incluyó carros hidrantes, gases y balas de goma en plena vía pública. La imagen de Fabrizia con los ojos llorosos, tomada por una reportera gráfica independiente, se volvió viral y generó una ola de indignación nacional e internacional. Sin embargo, desde el Gobierno no hubo, hasta ahora, una sola disculpa pública.
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de una política de seguridad que prioriza la represión sobre el diálogo, el miedo sobre la escucha, el castigo sobre el consenso. Bajo el discurso de la «ley y el orden», el Ejecutivo ha alentado prácticas policiales que violan estándares básicos de derechos humanos, criminalizando la protesta y estigmatizando a quienes se movilizan, incluso si se trata de los sectores más vulnerables como jubilados, niños y trabajadores precarizados.
El procesamiento del agente Rivaldi también deja en evidencia la falta de protocolos adecuados y de formación en derechos humanos dentro de las fuerzas de seguridad. ¿Qué tipo de instrucción puede justificar que un policía utilice gas lacrimógeno en cercanías de una menor? ¿Qué lógica permite reprimir una manifestación de jubilados con tácticas dignas de escenarios de guerra urbana?
Lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno ha respaldado estos operativos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha defendido en reiteradas ocasiones el “protocolo antipiquetes” como una herramienta de “orden”, sin hacerse cargo de las consecuencias humanas ni de los excesos evidentes. Mientras tanto, la Justicia avanza en causas individuales, como la de Rivaldi, pero sin cuestionar la cadena de mandos ni el diseño político de estas acciones.
El caso de Fabrizia Pegoraro interpela directamente el modelo de país que se está construyendo. Un país en el que una niña puede ser agredida con gases en plena calle por reclamar junto a su abuelo una vida digna, y donde las autoridades no se inmutan. Un país donde la protesta social se transforma en delito y la represión en norma. Un país en el que el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en su principal vulnerador.
La Justicia ha dado un primer paso. Ahora, el verdadero desafío es que esta causa no quede aislada, sino que abra el debate necesario sobre el uso de la fuerza, los límites democráticos del accionar policial y la responsabilidad política de quienes dan las órdenes. Porque si una democracia tolera que se ataque a una niña en una marcha, entonces algo más que el orden está en crisis: lo que se erosiona es el pacto civilizatorio que nos sostiene como sociedad.
