¿Qué les pasó muchachos?: La CGT avisó que no para ni moviliza por Cristina kirchner

En tiempos donde la democracia es invocada como bandera y la justicia es denunciada como herramienta del poder económico, la CGT se enfrenta a una disyuntiva incómoda: seguir cuidando la institucionalidad de sus cúpulas o recuperar su identidad como actor político central en defensa de los trabajadores y de sus referentes históricos. Por ahora, parece haber elegido lo primero.

En medio de la fuerte reacción política y sindical que provocó la confirmación de la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner, la Confederación General del Trabajo (CGT) eligió el silencio. O peor aún: la indiferencia activa.

Este jueves, el cosecretario general de la central, Octavio Argüello, descartó la posibilidad de un paro o movilización en respaldo a la expresidenta. “No somos un local partidario”, afirmó, sintetizando una postura que parece más cercana al repliegue que a la defensa de los intereses históricos del movimiento obrero.

Argüello, representante del sector de Camioneros, reconoció que ni siquiera se discutió una medida de fuerza. “Si lo hacemos, tiene que ser por todos los temas, no solo por este. No somos un local partidario”, repitió, dejando en claro que la CGT no tomará una posición de confrontación activa ante lo que amplios sectores del sindicalismo y del peronismo consideran una proscripción política.

Su declaración contrasta con la del secretario adjunto Andrés Rodríguez, quien 24 horas antes había calificado el fallo de “persecución política” y había abierto la puerta a una reacción más firme. Rodríguez había señalado que “la CGT no descarta nada” y remarcado la necesidad de una acción conjunta del peronismo para enfrentar lo que denominó un momento crítico para la democracia. Sin embargo, la conducción cegetista parece ahora paralizada entre la prudencia institucional y el temor a la fractura.

La CGT, cuya historia está atravesada por la defensa de figuras proscritas y perseguidas, evita ahora alinearse con la principal figura política del campo nacional y popular. El contraste con 1955 y 1976, que Argüello mencionó para marcar diferencias con la actual situación, terminó por vincular involuntariamente al actual gobierno con la decisión judicial, al señalar que “este gobierno fue elegido democráticamente”, en una frase que, lejos de neutralizar el debate, lo expone.

El momento resulta particularmente incómodo para la central obrera: mientras algunos de sus dirigentes se encuentran en Ginebra participando de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en el país crece la tensión social y política por el fallo judicial. En ese contexto, otros referentes gremiales ya se pronunciaron en contra del fallo y piden medidas concretas.

Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), lanzó un fuerte reclamo: “Exigimos a la CGT que convoque de manera inmediata a un paro general en defensa de la democracia”. Minucci forma parte del grupo de gremialistas que se autoconvocó esta semana en SMATA y que coordina acciones con el Partido Justicialista.

La respuesta de la CGT, hasta ahora, ha sido el silencio —o, en el mejor de los casos, la espera indefinida—. La excusa de que “la semana que viene” habrá una reunión suena a dilación frente a una coyuntura urgente. En un escenario marcado por el avance de políticas de ajuste, la pérdida de derechos laborales y ahora la judicialización de la política, el rol pasivo de la CGT aparece cada vez más desconectado de sus bases y de la historia que dice representar.