Proyecto anti-huelga: avance legislativo empresaria amenaza con anular derechos sindicales
El Gobierno de Javier Milei y el empresariado consiguen una nueva aliada en su objetivo de reformar el marco laboral argentino.
La diputada Verónica Razzini (La Libertad Avanza), con un historial de militancia en el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), presentó un proyecto de ley que, a juicio de los especialistas, vacía de contenido el derecho constitucional a huelga y desequilibra la balanza de poder a favor de las patronales. La iniciativa, que reproduce y hasta profundiza el espíritu del fallido DNU laboral 70/2023, representa una ofensiva legislativa que criminaliza la protesta sindical.
El corazón del proyecto radica en un conjunto de requisitos formales tan estrictos que tornan prácticamente inviable cualquier medida de fuerza legítima. La exigencia de un preaviso de siete días para la huelga y la subordinación de las asambleas a la autorización del empleador se configuran como barreras diseñadas para desactivar la acción sindical antes de que comience.
La propuesta avanza sobre modalidades históricamente reconocidas, como el quite de colaboración o el trabajo a reglamento, catalogándolas como ilícitas. Aún más grave es la extensión de sanciones (despidos con causa y acciones civiles/penales) a cualquier incumplimiento de estos requisitos. El efecto inmediato es la criminalización de la protesta y la apertura de un canal legal para la persecución de los dirigentes y trabajadores.
El ataque al salario y a los estándares internacionales
Un punto de quiebre en la iniciativa es la determinación de que el empleador queda liberado de pagar salarios en ningún caso de huelga, incluso si la medida es declarada legítima o es resultado de incumplimientos patronales. Esta postura representa un retroceso respecto a décadas de doctrina laboral y atenta directamente contra el carácter alimentario del salario.
Especialistas en derecho laboral advierten que esta regulación desoye los estándares internacionales de la OIT, que si bien admite limitaciones al derecho de huelga, prohíbe aquellas que busquen anular su esencia como herramienta de defensa colectiva.
Al elevar el preaviso, extender la categoría de “servicios de importancia trascendental” y subir al 75% la cobertura mínima, el proyecto de Razzini restringe drásticamente el margen de acción de los trabajadores ante las injusticias, constituyendo una reforma regresiva impulsada desde los sectores con mayor poder económico.
