Presión en las calles y reunión postergada: el Gobierno define el salario mínimo tras siete meses de parálisis
La coincidencia no es casual: la convocatoria oficial se concretó solo después de una intimación judicial a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplir con la obligación legal de convocar al Consejo en junio.
El Gobierno nacional afrontará este miércoles una doble presión: mientras convoca, después de siete meses, a una nueva reunión del Consejo del Salario, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales marcharán hacia la Secretaría de Trabajo para exigir una recomposición “real y significativa” del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el salario mínimo sufrió una pérdida del 40% frente a la inflación acumulada. En todas las reuniones del Consejo del Salario realizadas hasta abril, el esquema se repitió sin variantes: nula deliberación entre sindicatos y empresarios y un monto fijado por decreto por el Ejecutivo, siempre cercano a la propuesta empresarial.
Las centrales sindicales buscan frenar este mecanismo. La movilización prevista para las 11, que culminará con un acto y la lectura de un documento conjunto, apunta a denunciar el retraso sistemático del salario mínimo frente al Índice de Precios al Consumidor. Las organizaciones advierten que el haber básico se encuentra incluso por debajo de la línea de indigencia y remarcan que “no puede seguir siendo el plato de comida de los trabajadores la variable de ajuste”.
La demanda sindical no se limita a una suba del monto. También exige que las reuniones del Consejo del Salario recuperen la periodicidad bimestral establecida por ley, y que la actualización del SMVM no vuelva a convertirse en lo que definen como un “ajuste cosmético”.
En la mesa chica de la organización señalan que es necesaria una “recomposición histórica” que revierta la pérdida de poder adquisitivo del último año. Como antecedente para sostener su reclamo, destacan el reciente aumento del 61% otorgado a los trabajadores del Hospital Garrahan, conseguido tras una extensa serie de protestas.
En paralelo, el Gobierno intenta moderar las expectativas salariales para contener la inercia inflacionaria. Sin embargo, los sindicatos advierten que la paz social en el cierre del año dependerá de que los salarios dejen de quedar rezagados frente a los precios, en un escenario donde el conflicto social vuelve a crecer al compás del deterioro del ingreso mínimo.
