Perú: Fiscalía investiga a altos mandos de la Policía por presunta tortura a 24 personas
La medida, impulsada por el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), busca esclarecer las responsabilidades en hechos que dejaron al menos 24 personas víctimas de violencia física y psicológica.
La Fiscalía peruana ha formalizado una investigación preliminar contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntos delitos de tortura y violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales ocurridas en Apurímac en febrero pasado.
Según informó la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las detenciones y agresiones se registraron en el sector conocido como Siete Vueltas, en la provincia de Aymaraes, donde las víctimas habrían sido reducidas, atadas de manos por varias horas y sometidas a actos de violencia durante la represión de las manifestaciones del 9 de febrero de 2023.
Entre los investigados se encuentran altos mandos de la Policía, incluyendo al excomandante general Raúl Alfaro Alvarado, el exteniente general Jorge Angulo Tejada, y el jefe de la región policial de Apurímac, Jesús Flores Solís. Además, la fiscalía ha identificado a otros oficiales y suboficiales implicados en los hechos, como Víctor Sifuentes Yañez, Rodolfo Porfirio Díaz, José Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañihua, David Chapa Aquino, Joel Cabrera Paredes y Nobel Inca Andia.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones abiertas por la brutal represión policial y militar ocurrida entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en la que se registraron más de 50 personas fallecidas y cientos de heridos a causa del uso excesivo de la fuerza en distintas regiones del país, incluyendo Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.
El 4 de julio pasado, Eficavip informó que el 70% de las investigaciones fiscales ya se encuentran en etapa preparatoria, en la que los fiscales recopilan elementos de convicción para presentar acusaciones formales ante el Poder Judicial. Hasta la fecha, de las 61 investigaciones en curso, 42 ya contienen hechos concretos, delitos tipificados y nombres de imputados.
Asimismo, el equipo fiscal de Lima 1 ha presentado dos acusaciones ante el Poder Judicial, con audiencias de control programadas para los días 2 y 10 de julio, reflejando avances significativos en la búsqueda de justicia por las víctimas de la represión.
En paralelo, la Fiscalía también ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso, por presuntos delitos de lesiones graves relacionados con la represión que dejó decenas de muertos y heridos en distintas regiones del país. La denuncia incluye también a exministros del Interior y Defensa, así como a exprimeros ministros.
Las investigaciones continúan avanzando, y la fiscalía ha señalado que los hechos ocurrieron en varias regiones del país, donde se habría hecho uso desproporcionado y excesivo de la fuerza contra ciudadanos que ejercían su derecho a protestar, en un esfuerzo por esclarecer las responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.
