Milei prepara la reforma jubilatoria para después de las elecciones: subiría a 75 años la edad para jubilarse
El sistema previsional argentino enfrenta un nuevo desafío bajo la administración de Javier Milei, quien, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), prepara una reforma jubilatoria que, según se anticipa, podría ser devastadora para millones de jubilados.
A medida que el gasto en el sistema previsional creció un 30% interanual, el gobierno decidió suspender el bono complementario de $70.000 destinado a los jubilados de la mínima, y prepara una reforma que promete una vuelta a las jubilaciones privadas y el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.
La reforma, que se encuentra en etapa de borrador, fue elaborada por un grupo de compañías de seguros interesadas en ofrecer productos de retiro, lo que deja en claro el trasfondo económico detrás de la propuesta: un intento de abrir el mercado a la capitalización individual y la privatización de las jubilaciones, muy al estilo de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) que fueron eliminadas en 2008 debido a sus efectos perjudiciales sobre los jubilados.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación, que pasaría a ser de 70 años para las mujeres y 75 años para los varones, con 40 años de aportes. Este cambio implicaría que millones de personas, que ya han trabajado toda su vida, no puedan acceder al beneficio en una etapa crucial de su salud y bienestar. En lugar de ser una mejora para los jubilados, este ajuste parece ser una respuesta al creciente gasto previsional, pero a costa de la calidad de vida de los adultos mayores.
El ministro de Economía, Luis Caputo, no ocultó el enfoque central del gobierno: frenar el gasto previsional. La suspensión del bono complementario de $70.000 a los jubilados de la mínima es un claro reflejo de esta política. Sin embargo, la medida no solo afecta a aquellos que dependen de la jubilación más baja del país, sino que también plantea una cuestión ética y moral: ¿deberían los jubilados, que ya han aportado durante años, ser los principales responsables de un ajuste que parece más orientado a cumplir con las demandas del FMI que a garantizar el bienestar de la población más vulnerable?
La reforma previsional que impulsa Milei podría tener consecuencias aún más graves, dado que las compañías de seguros interesados en el negocio de los fondos de retiro buscan una privatización parcial de las jubilaciones. Esto no solo pone en riesgo los derechos adquiridos por los jubilados, sino que también abre la puerta a nuevos mecanismos que podrían reducir la cobertura de los trabajadores, obligándolos a depender de fondos privados para su jubilación, con todo lo que esto implica en términos de inestabilidad y falta de garantías.
El gobierno de Milei, que busca implementar estas reformas después de las elecciones, parece apostar por un modelo que favorece al sector privado y recorta aún más los derechos laborales y sociales. Los jubilados, en lugar de ser los beneficiarios de una reforma que les garantice un futuro más seguro, son tratados como una carga que necesita ser ajustada para cumplir con los compromisos externos. La reforma que se perfila no solo representa un ajuste económico, sino también un grave retroceso en los derechos sociales conquistados durante décadas.
El rumbo del gobierno de Milei respecto a la reforma jubilatoria genera gran preocupación, y deja en evidencia que, en su afán por cumplir con las exigencias del FMI, no está priorizando las necesidades de los más vulnerables. Mientras el gasto previsional aumenta debido a la inflación y los problemas económicos del país, los jubilados son nuevamente quienes deben pagar el precio.
