Milei habilitó un paquete de reformas clave para diciembre y busca acelerar su agenda legislativa
En Balcarce 50 describen este paquete como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, sintetizando la ambición del Gobierno de acelerar el ritmo legislativo en el cierre del año y consolidar su arquitectura económica, fiscal y penal para el 2025.
El Gobierno confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, tras el anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que habilitará el tratamiento de un temario que incluye proyectos económicos, fiscales, penales y ambientales, en una señal de que la Casa Rosada intentará avanzar antes de fin de año con su segunda fase de reformas.
El listado de iniciativas revela las prioridades del oficialismo. En primer lugar, el Presupuesto 2026, pensado como el ancla del plan económico: el proyecto apunta a consolidar el equilibrio fiscal, cortar definitivamente la dependencia de la emisión monetaria y restringir el financiamiento del Banco Central. Incluye partidas destinadas a salud, educación, jubilaciones, seguridad y defensa, pero bajo un esquema de gasto ajustado a los ingresos del Estado.
Junto a ese proyecto, el Gobierno impulsa la ley de Inocencia Fiscal, una pieza considerada estratégica para incentivar la regularización de dinero no declarado. Se trata de un régimen de declaración simplificada cuyas especificaciones aún no son públicas, pero que apunta a redefinir obligaciones tributarias y facilitar el ingreso de fondos a la economía formal. El oficialismo espera tratarla en paralelo con el Presupuesto, en busca de ampliar su margen de maniobra fiscal.
Otra iniciativa relevante es la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria: una normativa orientada a blindar las cuentas públicas mediante reglas que limiten el gasto, eviten desbalances y bloqueen financiamiento con emisión o endeudamiento descontrolado. En la presentación oficial se la describió como una “regla de oro” para ordenar las cuentas del Estado.
En el plano laboral, el Gobierno llevará una nueva propuesta de reforma que apunta a simplificar regulaciones, modificar convenios colectivos, revisar esquemas indemnizatorios y desregular el mercado de trabajo, en sintonía con los lineamientos que el oficialismo viene defendiendo desde el inicio de la gestión.
El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal que endurece penas, amplía el listado de delitos imprescriptibles —incluidos homicidio, abuso sexual, trata y narcotráfico— y le otorga mayor velocidad al sistema acusatorio. El proyecto también restringe los beneficios de liberación anticipada y busca adaptar las normas a un esquema de persecución más severo para los delitos graves. Además, el Gobierno propondrá una revisión del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y áreas periglaciares, con la intención de flexibilizar las regulaciones ambientales vigentes.
El oficialismo aspira a que en diciembre se aprueben el Presupuesto 2026 y la reforma del Código Penal, mientras que la reforma laboral, los cambios tributarios y la adecuación de la ley de Glaciares quedarían para febrero. Para esto, la Casa Rosada activó una estrategia de negociación política: Martín Menem en Diputados y Patricia Bullrich en el Senado ofician como interlocutores principales, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli. Por su parte, Adorni y Santilli continúan el trabajo con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con el objetivo de asegurar votos para las reformas de segunda generación.
