Milei endurece su discurso contra los gobernadores y apuesta al conflicto permanente como estrategia de poder

En una nueva escalada retórica, el presidente Javier Milei acusó a los gobernadores provinciales de intentar “destruir al Gobierno nacional” mediante reclamos presupuestarios y presión legislativa.

En una entrevista radial cargada de acusaciones, amenazas de veto y advertencias electorales, el mandatario volvió a elegir la confrontación como principal método de comunicación y construcción política, dejando en evidencia que lejos de buscar consensos, su estrategia de poder se apoya en la polarización y la hostilidad institucional.

“Están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos con tal de mantenerse en el poder”, lanzó Milei, en referencia a los mandatarios provinciales, a quienes acusó de querer romper el equilibrio macroeconómico por reclamar fondos federales.

“Todo ese paquetazo que están mandando lo que busca es destruir”, insistió, sin diferenciar entre gobernadores oficialistas, opositores o neutrales. Para el Presidente, toda demanda es un intento de boicot. Toda negociación, una traición.

Resulta alarmante el nivel de deslegitimación que Milei imprime sobre los actores institucionales del federalismo argentino. Lejos de reconocer la función representativa y ejecutiva que tienen los gobernadores en sus provincias —la mayoría de los cuales enfrenta situaciones fiscales críticas derivadas en parte del ajuste nacional—, los transforma en enemigos internos a derrotar. En su lógica binaria, si no se alinean con el modelo libertario, son parte del «problema».

Su discurso, además, abre un conflicto latente con el Congreso, donde se discuten iniciativas que van desde la restitución de la moratoria previsional hasta la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Frente a la posibilidad de que esas leyes avancen, Milei ya anticipó su plan: vetarlas, y si el Congreso insiste, judicializarlas. En otras palabras, deslegitimar por completo al Poder Legislativo, otro síntoma preocupante de un Ejecutivo que actúa como si estuviera por encima del resto de las instituciones republicanas.

El presidente no solo desconoce la legitimidad de las provincias y del Congreso, sino que ahora plantea que cualquier impacto económico adverso será transitorio y “culpa de ellos”. Según su visión, un eventual aumento del riesgo país o una desaceleración en la baja de la inflación no son responsabilidad de su política económica extrema, sino de los obstáculos que le pone “la casta”.

En paralelo, Milei anunció el cierre del acuerdo con el PRO para competir en las elecciones legislativas bonaerenses. No es un dato menor. El pacto con el partido fundado por Mauricio Macri revela que, más allá del discurso antipolítico, el Presidente entiende que necesita estructura y territorio para sostener su experimento libertario. La alianza es pragmática, no ideológica, y se da mientras insulta a otros actores políticos por hacer lo mismo que él.

También aseguró que “sacaron de la pobreza a 11 millones de personas”, una afirmación que no se sustenta en ninguna estadística oficial, ni de INDEC ni de consultoras privadas. Más bien, los datos disponibles muestran una contracción del consumo, deterioro del poder adquisitivo y un aumento del desempleo. El relato de Milei choca con la experiencia de millones de personas que ven empeorar sus condiciones de vida.

En resumen, el Presidente opta por reforzar su perfil combativo en medio de tensiones institucionales crecientes, consolidando una estrategia política que prioriza el enfrentamiento por sobre la gobernabilidad. Desacredita a los gobernadores, amenaza con vetos al Congreso, y cuando todo eso falla, promete aplastarlos en las urnas. En vez de liderar con diálogo y responsabilidad, elige gobernar como un cruzado en guerra permanente. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse esa lógica sin romper el delicado equilibrio democrático? Esa es la pregunta que, más temprano que tarde, tendrá que responder.