Milei disuelve el ENRE y Enargas: concentración regulatoria y tensiones sobre el rol del Estado
En su reemplazo, creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que absorberá las funciones de ambos bajo una única estructura autárquica dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
El gobierno de Javier Milei avanza con su estrategia de reformar a fondo el aparato estatal. A través del Decreto 452/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, dispuso la disolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), dos organismos claves para el control de servicios esenciales.
La decisión se apoya en la Ley de Bases (27.742), aprobada en el Congreso, que habilitó la fusión de entes con el argumento de “eficientizar” el esquema regulatorio. Según el decreto, el Enrge tendrá a su cargo la fiscalización de normas, la formulación de presupuestos, la aplicación de sanciones y la administración de la tasa que financia su operación, entre otras facultades. Además, la norma prevé la transferencia de personal y bienes desde los entes existentes hacia la nueva estructura, con la garantía de conservar las condiciones de empleo durante el período de transición.
La conformación del primer directorio del Enrge se concretará a través de un proceso de selección dirigido por la Secretaría de Energía, con posterior control parlamentario. En caso de que el Congreso no se expida en 30 días, el Ejecutivo quedará habilitado para avanzar. El nuevo ente debería estar plenamente operativo en un plazo máximo de 180 días, mientras que hasta entonces el ENRE y Enargas seguirán ejerciendo sus funciones habituales.
La creación del Enrge genera un debate más amplio sobre la concentración de potestades regulatorias en un solo organismo y los riesgos de diluir contrapesos que históricamente existían en áreas estratégicas de control. Al unificar la supervisión del gas y la electricidad bajo un mismo paraguas, el gobierno busca simplificar procesos y reducir costos, pero al mismo tiempo centraliza poder en un contexto donde los servicios energéticos afectan directamente a millones de usuarios.
Para los críticos de esta reforma, la medida podría facilitar decisiones discrecionales en materia tarifaria o sancionatoria, dado que el Enrge dependerá jerárquicamente de la Secretaría de Energía y, en última instancia, del Ministerio de Economía. Esto podría tensionar la independencia técnica que tradicionalmente se le reclamaba a los entes reguladores, cuyo rol es equilibrar la relación entre las empresas prestatarias y los derechos de los usuarios.
En paralelo, el cambio se produce en un escenario de alta conflictividad social y sensibilidad por los aumentos de tarifas, donde la percepción de una pérdida de controles puede impactar en la confianza pública. Al amparo de un discurso de modernización y eficiencia, el gobierno asume el riesgo de enfrentar cuestionamientos por eventuales avances sobre el control ciudadano y parlamentario de servicios que son vitales para la vida cotidiana y la actividad productiva.
La reconfiguración regulatoria planteada por el Ejecutivo representa así un nuevo capítulo de la reforma estatal mileísta, que promete chocar con resistencias políticas y sindicales a medida que avance el traspaso de competencias. El desafío no es menor: compatibilizar la racionalización de estructuras con la garantía de transparencia y equidad en la prestación de los servicios públicos.
