Milei congela la reforma laboral: apuesta todo a las elecciones de octubre para llevarla a cabo

La ambiciosa reforma laboral que agitó en campaña y que, parcialmente, intentó colar en la Ley Bases y algunos decretos judicialmente cuestionados, quedará guardada en un cajón al menos hasta diciembre.

A casi un año de desembarcar en la Casa Rosada con la promesa de “modernizar” el sistema laboral argentino, el presidente Javier Milei optó por poner el freno.

La razón no es técnica, sino política: sin mayoría propia en el Congreso y con una oposición encolumnada en defensa de los convenios colectivos, el oficialismo se resignó a esperar el resultado de las elecciones legislativas de octubre, confiando en que una mejora en su representación parlamentaria le abra el camino para avanzar sin sobresaltos.

En rigor, el flamante Consejo de Mayo —creado para poner en marcha los compromisos del Pacto de Mayo— apenas debutó la semana pasada y ya reveló sus límites: sin margen para un debate profundo sobre la legislación laboral, el propio entorno presidencial admitió que “no es una batalla que queramos dar ahora”. En otras palabras, Milei priorizó sostener cierta paz social con las centrales sindicales, consciente de que un nuevo conflicto con la CGT podría incendiar la calle en plena campaña electoral.

La tregua es evidente. Incluso el proyecto para limitar la reelección indefinida de los dirigentes sindicales, una de las banderas discursivas del mileísmo contra la “casta sindical”, quedó estratégicamente congelado. Al parecer, el Gobierno entendió que patear el avispero gremial podría tener costos demasiado altos de cara a octubre.

Pero el retraso de la reforma laboral también refleja las inconsistencias de una gestión que prometió dinamizar el empleo privado formal pero no logra mostrar resultados palpables. La Ley Bases aprobada en 2024 incluyó algunas pinceladas de flexibilización, como los fondos de cese laboral, la extensión del período de prueba o facilidades para el empleo no registrado, medidas que desde la oposición y buena parte del sindicalismo calificaron como un retroceso en los derechos laborales.

Los datos no acompañan el relato oficialista: según el economista Luis Campos, la tenue suba del empleo en lo que va del año se explica casi exclusivamente por el crecimiento del trabajo informal, no por generación de empleo registrado. Federico Pastrana fue todavía más categórico: la desocupación tocó su pico más alto en cuatro años, a pesar de que la economía creció, confirmando que la supuesta “modernización” laboral no se tradujo en nuevos puestos de trabajo.

En este contexto, la reforma laboral se transformó en una bomba de tiempo. Milei sabe que con el Congreso tal como está, el riesgo de sufrir un nuevo fracaso parlamentario sería letal para su capital político. Por eso el Gobierno elige la pausa, apelando a la esperanza de un recambio legislativo que le permita retomar su ofensiva a fin de año.

La pregunta que queda abierta es si el electorado validará en octubre la hoja de ruta mileísta o si, por el contrario, marcará límites a un proyecto que, pese a su retórica de cambio profundo, aún no logra dar respuestas efectivas ni a los trabajadores ni al tejido productivo. Mientras tanto, la reforma laboral —esa bandera de campaña convertida hoy en papel mojado— seguirá esperando en un cajón, a merced de la próxima jugada electoral.