Milei cierra Vialidad Nacional y lanza la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas

La decisión, tomada por decreto presidencial, será publicada este martes en el Boletín Oficial, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

En un nuevo golpe a la estructura del Estado, el Gobierno de Javier Milei anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y la apertura de una licitación para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales.

“Este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, sentenció Adorni, justificando el cierre con el argumento de que Vialidad Nacional fue históricamente un bastión de irregularidades. En línea con esta mirada, también se dispuso la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y de la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por su parte, será transformada en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

La medida se enmarca en el uso de las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo a través de la controvertida Ley Bases, aprobada un año atrás, cuyo artículo 76 habilita delegaciones legislativas por tiempo y materia determinados. «El presidente no quiere gobernar con facultades delegadas, pero las utilizó durante un plazo para impulsar su programa de reformas», aclaró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una suerte de justificación anticipada frente al malestar que pueda surgir desde el Congreso.

El corazón del anuncio, sin embargo, no fue solo el desmantelamiento de organismos públicos. El Gobierno confirmó que abrirá el proceso licitatorio para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas que, según Adorni, «tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país». En otras palabras, se apunta a un sistema de gestión privatizada de la infraestructura vial, desplazando al Estado como actor central en el diseño, construcción y mantenimiento de rutas.

La decisión genera múltiples interrogantes: ¿qué pasará con los más de 4.000 empleados de Vialidad Nacional? ¿Quiénes serán los actores privados que se hagan con las concesiones? ¿Qué garantías habrá de transparencia en los procesos licitatorios y en la posterior fiscalización del servicio? ¿Qué costo tendrá para los usuarios?

Aunque el Gobierno justifica la medida bajo el discurso de eficiencia, ahorro fiscal y lucha contra la corrupción, lo cierto es que la eliminación de Vialidad Nacional representa un vaciamiento simbólico y material del Estado en uno de los sectores más estratégicos del desarrollo federal: la infraestructura de transporte. Desde su creación en 1932, Vialidad fue clave en la planificación territorial, la integración regional y el acceso de pueblos enteros a servicios básicos. La demonización total del organismo deja fuera de foco cualquier posibilidad de reforma o mejora interna, optando en cambio por su extinción.

Milei sigue profundizando su programa de desguace estatal con una velocidad inédita en la historia democrática argentina. Lo hace al amparo de una legalidad discutida, con base en una ley de «emergencia» sancionada en un Congreso fragmentado y debilitado.

Como mínimo, el debate sobre qué Estado queremos y necesitamos vuelve a ponerse sobre la mesa. Porque detrás del relato de la eficiencia, lo que está en juego no es sólo quién mantiene las rutas, sino también el rol del Estado en la vida pública y la distribución del poder entre lo público y lo privado.