Mercado Libre se va de Córdoba: cuando los impuestos terminan ganando la pulseada
La empresa, símbolo del «éxito unicornio» argentino y orgullo tech nacional, deja así una sede física estratégica, acusando al municipio que encabeza el intendente Daniel Passerini de asfixiarla con tasas que, según sus propios números, alcanzan los $770 millones mensuales.
La noticia sacudió el ecosistema digital y político cordobés: Mercado Libre cierra sus oficinas en la Ciudad de Córdoba y traslada a sus 1.260 empleados a trabajo 100% remoto, luego de denunciar una carga fiscal municipal “desproporcionada”.
El comunicado de la compañía fue lapidario. «El monto es totalmente desproporcionado para la actividad que realiza la empresa y el tamaño de su equipo en Córdoba», señalaron. Además, cuestionaron duramente que semejante contribución no tenga una contraprestación equivalente en servicios ni infraestructura, algo que podría resumirse en la fórmula clásica: “pago como Suiza, recibo como el conurbano”.
La decisión se tomó, aseguran, tras meses de conversaciones fallidas con el municipio. En otras palabras, no fue una reacción impulsiva ni caprichosa, sino el resultado de un conflicto estructural cada vez más frecuente en la Argentina: empresas tecnológicas de escala global enfrentadas a una estructura tributaria local que parece diseñada para el siglo XX, no para la economía digital.
Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, fue claro: “En Ciudad de Córdoba pagamos $770 millones mensuales en tasas municipales, ¡el monto más alto del país! Agotadas las instancias, dejamos nuestras oficinas”. El remate “Increíble pero real” deja entrever el desconcierto (y la indignación) empresarial frente a un sistema que, en su afán recaudatorio, termina expulsando inversiones y restando presencia territorial a sus propios contribuyentes estrella.
La decisión no llega sola. Días antes, la empresa ya había lanzado un ajuste de comisiones para vendedores según la presión fiscal de cada provincia, subiendo los cargos entre un 8% y 20,5% en distritos donde los Ingresos Brutos superan la media nacional, como Córdoba, Santa Fe y Jujuy. En contrapartida, los vendedores de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Río Negro y Santa Cruz, provincias de baja carga tributaria, recibirán beneficios. Una suerte de «federalismo inverso» liderado por una empresa privada: más impuestos, más caro vender; menos presión, más competitivo el acceso.
El mensaje es contundente y revela algo más profundo que un desacuerdo fiscal: las empresas más modernas del país están empezando a regular con sus decisiones lo que consideran tolerable o no en materia tributaria. Y si el Estado no se adapta, ellas simplemente se van —físicamente, al menos—, gracias a la magia del trabajo remoto. Para una firma cuyo core está en lo digital, mantener o no una oficina se convierte en una cuestión política, no operativa.
¿Y qué pierde Córdoba? Además del simbolismo —que no es poco—, pierde visibilidad en el mapa de los negocios tech, relación institucional con una de las empresas más grandes del país, y posiblemente oportunidades futuras de inversión. Porque cuando una empresa cierra la puerta, es probable que otra lo piense dos veces antes de abrirla.
Mercado Libre no redujo personal ni cortó operaciones, pero la postal es clara: la Argentina que quiere ser el «hub de innovación» de América Latina no puede seguir funcionando con lógicas fiscales que premian el cortoplacismo recaudador y castigan la productividad. En un país donde todo parece ser negociable, incluso los impuestos pueden terminar siendo el argumento más convincente para hacer las valijas.
La pregunta que queda en el aire es tan vieja como vigente: ¿quién invierte en un país donde crecer implica pagar por encima del promedio y recibir por debajo del mínimo?
