Menem endurece controles en Diputados y condiciona la última dieta a la devolución de despachos y bienes
Mientras se ordena la salida de los legisladores que dejan sus cargos, el Congreso se prepara simultáneamente para una etapa de fuerte actividad, marcada por la urgencia del gobierno y por disputas internas que empiezan a perfilar el clima político del nuevo período parlamentario.
La decisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados, encabezada por Martín Menem, de exigir la devolución inmediata de despachos, oficinas y equipamiento a los legisladores que concluyen su mandato generó un fuerte impacto político en la previa al recambio parlamentario del 10 de diciembre.
La normativa, formalizada el 14 de noviembre, establece que la última dieta solo será acreditada cuando los bienes asignados hayan sido restituidos, lo que en la práctica opera como un mecanismo de presión sobre los diputados salientes.
La medida se fundamenta en principios de administración de bienes públicos y transparencia establecidos en la Constitución Nacional y en leyes de ética y administración financiera. Sin embargo, su aplicación estricta abre un debate sobre las formas y el tono elegidos para implementarla. Menem plantea un enfoque de control riguroso que, según los considerandos oficiales, busca evitar pérdidas patrimoniales y mejorar la rendición de cuentas. La inclusión explícita de descuentos salariales y eventuales acciones judiciales contra quienes no cumplan revela un endurecimiento en las políticas internas de gestión de recursos.
El marco jurídico dispuesto contempla incluso la posibilidad de iniciar demandas civiles para recuperar bienes cuyo valor supere el monto de la liquidación final de un legislador. Es un mensaje político que busca mostrar orden y disciplina administrativa, pero que al mismo tiempo profundiza tensiones en un Congreso que se prepara para semanas de alta intensidad legislativa.
En paralelo, el Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, con una agenda que incluye proyectos centrales: Presupuesto 2026, reformas laboral y tributaria y la propuesta de un nuevo Código Penal. El paquete —ambicioso y complejo— anticipa negociaciones intensas que podrían extender las sesiones hasta febrero. En este contexto, el rol articulador del próximo ministro del Interior, Diego Santilli, junto con Menem y Patricia Bullrich, será decisivo para medir alineamientos, resistencias y el grado de cohesión política necesario para avanzar en las iniciativas clave del oficialismo.
