Más deuda bajo otro nombre: economistas advierten sobre el costo real de la estrategia de Caputo

Más allá de la defensa política del Gobierno, el consenso entre los economistas críticos es claro: el endeudamiento continúa creciendo, y las maniobras financieras, lejos de resolver el problema estructural, solo compran tiempo en un escenario cada vez más ajustado.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió con dureza la toma de un crédito por 3.000 millones de dólares para afrontar vencimientos inmediatos y respondió a las críticas de la oposición política, distintos economistas pusieron el foco en una cuestión central: la operación no reduce el endeudamiento argentino, sino que lo incrementa, aun cuando se la presente como una maniobra de administración financiera.

Desde el ámbito técnico, el economista Christian Buteler fue uno de los primeros en marcar la inconsistencia del discurso oficial. Señaló que, al sumar los 3.000 millones recientes y los 910 millones obtenidos el mes anterior mediante el BONAR 2029, el país incorporó nueva deuda por encima del capital efectivamente amortizado. Aunque reconoció que el aumento del pasivo no resulta excepcional en el contexto actual, cuestionó la narrativa épica con la que el Gobierno intenta justificar la operación.

En la misma línea se expresó Carlos Rodríguez, ex asesor del presidente Javier Milei, quien explicó que los 4.300 millones de dólares a cancelar incluyen intereses además de capital. Bajo esa lógica, si parte del pago se cubre con un acuerdo de tipo REPO, la deuda total crece por la diferencia entre los intereses devengados y el aporte real del Tesoro, que estimó en alrededor de 1.300 millones de dólares. Para Rodríguez, refinanciar vencimientos con más deuda no altera el stock total y la idea de recursos “genuinos” resulta, como mínimo, discutible.

El análisis de Nicolás Capella, economista de IDB, añadió otro elemento de preocupación: el corto plazo del financiamiento, de apenas 372 días. Según explicó, este tipo de instrumento solo puede funcionar como un puente transitorio hasta que Argentina logre regresar a los mercados internacionales de crédito, algo que todavía no ocurre. Además, planteó interrogantes sobre cómo el Tesoro obtendrá los dólares necesarios, dado que la operación de REPO fue realizada por el Banco Central.

Capella estimó que el Tesoro recurrirá a los pesos depositados en sus cuentas en el BCRA, que rondan los 4,1 billones. De confirmarse ese escenario, advirtió, se agotaría ese colchón de liquidez, limitando la posibilidad de repetir esquemas como el denominado “punto Anker” en futuras licitaciones. Si bien no descartó que ese margen se recomponga más adelante mediante el giro de utilidades del Banco Central, aclaró que, por ahora, se trata solo de proyecciones.

Desde una mirada más estructural, Marina Dal Poggetto, directora de la consultora ECoGo, sintetizó el problema de fondo: la imposibilidad de Argentina de recuperar el acceso al financiamiento voluntario en condiciones sostenibles. Mientras el país no logre refinanciar sus compromisos en dólares y pesos en el mercado de capitales, las soluciones de corto plazo seguirán acumulando tensiones y postergando un debate más profundo sobre la sostenibilidad de la deuda.