Llegó a la Argentina Matías Ozorio, la presunta mano derecha de “Pequeño J”
El joven argentino de 28 años, que no tenía registro legal de ingreso a territorio peruano, llegó escoltado por un operativo de seguridad que revela tanto el peso de su rol en la organización como la magnitud transnacional que alcanzó el caso.
La captura y expulsión de Perú de Matías Ozorio, señalado como la “mano derecha” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, representa un punto de inflexión en la investigación por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en La Matanza.
La detención de Ozorio en el distrito limeño de Los Olivos fue el resultado de un trabajo coordinado entre las fuerzas antidrogas de Perú y Argentina. Su expulsión inmediata, debido a su estatus migratorio irregular, permitió acelerar el traslado a Buenos Aires, evitando así los tiempos de un proceso de extradición formal. Esta celeridad le otorga a la justicia argentina la oportunidad de indagar de manera directa a un actor clave para reconstruir la cadena de mando detrás de los asesinatos y del negocio narco que se disputa el control territorial en el conurbano.
Lo que se juega en este proceso excede a la figura de Ozorio: se trata de confirmar si efectivamente era el nexo operativo de “Pequeño J” en Argentina, el líder peruano que aún permanece detenido en su país y cuyo proceso de extradición podría tardar entre 30 y 60 días. Mientras tanto, el expediente judicial argentino enfrenta la presión de avanzar en las responsabilidades locales, sin poder todavía interrogar al presunto jefe máximo de la organización.
La llegada de Ozorio expone dos dimensiones del problema. Por un lado, la coordinación internacional contra el narcotráfico muestra resultados efectivos en términos policiales: en apenas dos días, un prófugo de alto perfil fue detenido y trasladado. Pero, por otro lado, deja al desnudo la fragilidad estructural del Estado argentino para prevenir el arraigo territorial de estas redes, que operan con violencia creciente y capacidad de penetración social en barrios vulnerables.
El desafío ahora es doble. Para la justicia, lograr que las declaraciones de Ozorio aporten información clave que permita sostener el pedido de extradición de “Pequeño J” y desarmar la red criminal detrás de los asesinatos. Para la política, evitar que este caso quede reducido a un operativo espectacular mientras el narcotráfico sigue extendiendo sus estructuras en la provincia de Buenos Aires.
