«Ley de libertad educativa»: acusan al Gobierno de desmantelar la educación pública y eliminar la inversión estatal
El Gobierno nacional abrió un nuevo y virulento frente a conflicto con los sindicatos docentes, esta vez a través de un borrador que circula bajo el título de «Ley de libertad educativa» .
La iniciativa, presentada en el Consejo de Mayo, tiene como objetivo central derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional.
Sin embargo, su contenido ha provocado un rechazo «absoluto» de gremios como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que la califican abiertamente como un proyecto con «tintes de privatización» y un «verdadero ataque al sistema democrático».
Ejes de la polémica: del home schooling a la quita de financiamiento
La crítica sindical se centra en varios pilares del articulado que, según denuncian, desvinculan al Estado de su rol de garantía y conductor del sistema educativo:
La alarma más grave es la supuesta desaparición de la obligación estatal de invertir un monto significativo del Producto Bruto Interno en educación, un «menester principal» para el desarrollo nacional, según Sergio Romero de la UDA. La CTERA reafirma que el proyecto busca eliminar la figura del Estado como garantía principal del derecho a la educación, relegándolo a un rol de mera «subsidiariedad» .
La ley habilita la educación en el hogar (o home schooling ), la educación híbrida ya distancia como «formas alternativas de enseñanza», sin establecer una edad mínima. Esta flexibilización, que permite acreditar aprendizajes mediante exámenes periódicos, es vista como un intento de desmantelar la presencialidad y la supervisión estatal estandarizada.
En el ámbito laboral, el proyecto «avanza sobre derechos» al eliminar la estabilidad del trabajador docente y, crucialmente, al no mencionar las paritarias , desconociendo derechos básicos de negociación colectiva.
Los gremios señalan que el borrador financiero la educación de gestión privada en detrimento de la pública , lo que afectaría directamente a los sectores más vulnerables de la población.
La «esencialidad» como herramienta de disciplinamiento
En medio del debate estructural, el Gobierno cuela su «obsesión» por declarar la educación básica como servicio «esencial» , con el objetivo de impedir los paros docentes o, al menos, forzar la garantía de una «continuidad mínima del servicio educativo». Esta maniobra, ya intentada por otras vías y frenada por la Justicia, es percibida por los sindicatos como un intento directo de disciplinar la protesta en un contexto de reforma «inconsulta».
La reacción sindical, con la UDA declarando el estado de alerta y la promesa de llevar la disidencia al Consejo de Mayo a través de la CGT, anticipa una escalada en el conflicto. Los sindicatos, que ya resisten la reforma laboral, advierten que la insistencia del Gobierno con esta iniciativa derivará en medidas de fuerza .
La «Ley de libertad educativa», lejos de generar consenso, se consolida como un proyecto altamente divisivo que pone en tela de juicio el papel fundamental del Estado en la provisión y el financiamiento de la educación pública.
