La oposición dictaminó una ley que limita los DNU
El avance del dictamen expone la debilidad política del Ejecutivo en el Congreso y el riesgo de una pulseada que puede derivar en un veto presidencial. La reforma, más allá de sus aspectos técnicos, se convierte en un test de poder para Milei y en un indicador del grado de cohesión que la oposición pueda lograr en un escenario de fragmentación creciente.
El dictamen opositor que busca restringir el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. La media sanción en el Senado y el aval en Diputados evidencian un consenso transversal para fijar reglas más estrictas, aunque las diferencias internas en los bloques opositores muestran que la unidad no es total.
El oficialismo enfrenta un escenario incómodo: la norma cuestiona de raíz una de las principales herramientas de gestión de Javier Milei, quien ha recurrido a los decretos como vía para sortear las dificultades de negociación en el Parlamento. La iniciativa obliga a que cada DNU se trate en un plazo de 90 días, habilita su derogación si una sola cámara lo rechaza y prohíbe los decretos multitemáticos. Son limitaciones que, de prosperar, reducirían significativamente la capacidad del Presidente de gobernar por decreto.
Sin embargo, la viabilidad política del proyecto es incierta. PRO y UCR decidieron no firmar dictamen, un gesto que revela las tensiones en la oposición y abre interrogantes sobre la votación en el recinto. A esto se suma la posición de la Coalición Cívica, que respalda el espíritu de la reforma pero rechaza aspectos técnicos clave.
La Libertad Avanza, por su parte, quedó en la paradoja de defender la ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2006, al calificar la reforma como “inconstitucional y desestabilizadora”. El oficialismo busca así encuadrar el debate en un plano institucional, aunque su trasfondo es netamente político: si se aprueba, Milei podría recurrir al veto, obligando a la oposición a reunir dos tercios en ambas cámaras, un umbral lejano en la actual correlación de fuerzas.
La discusión refleja más que un choque coyuntural. Sectores del Congreso plantean la necesidad de revisar de manera estructural el sistema de DNU, vigente desde la reforma constitucional de 1994 y utilizado por todos los gobiernos desde entonces. Sin embargo, el contexto electoral y la estrategia de desgaste al Gobierno condicionan los tiempos.
