La nafta volvió a subir y acumula cinco aumentos en septiembre en medio de la desregulación del sector
La quinta suba en lo que va de septiembre expone el costo social de una política energética que prioriza la liberalización sin considerar el impacto en los salarios, ya deteriorados por la pérdida de poder adquisitivo. La promesa de eficiencia se traduce, en la práctica, en un esquema donde la imprevisibilidad es norma y el ciudadano común paga el precio más alto.
Los combustibles registraron desde la madrugada de este martes un nuevo incremento promedio del 3%, el quinto en lo que va de septiembre, lo que refleja la dinámica descontrolada que atraviesa el mercado tras la decisión del Gobierno de eliminar, en junio, la obligación de informar públicamente cada suba de precios.
La medida, justificada por la Secretaría de Energía bajo el argumento de “quitar trabas burocráticas y darle más libertad al sector privado”, en los hechos deja a los consumidores en la incertidumbre, sin previsibilidad ni herramientas para anticipar el costo del traslado diario. El resultado es que los aumentos aparecen de forma sorpresiva y en cadena, golpeando directamente el bolsillo de los usuarios y repercutiendo en la estructura de costos de toda la economía.
El caso de Shell en la Ciudad de Buenos Aires ilustra la velocidad de la escalada: en agosto la nafta premium se pagaba $1.715; el 6 de septiembre ya costaba $1.729; al día siguiente trepó a $1.738; una semana más tarde, el 13 de septiembre, llegó a $1.752; y ahora alcanza los $1.782. En menos de un mes, el combustible subió cinco veces, encareciendo cada viaje, cada reparto y cada servicio que depende del transporte.
Más allá de la narrativa oficial de “libertad económica”, lo que se evidencia es una desregulación que favorece a las petroleras y desprotege a los consumidores. El Estado renuncia a su rol de control, mientras los precios de los combustibles —insumo básico y transversal— se ajustan sin límites y con efectos en cascada sobre la inflación.
