La Justicia pidió procesar a directivos de SanCor acusados de vaciamiento previsional contra los trabajadores
El Ministerio Público Fiscal solicitó imputar a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales descontados a los trabajadores y nunca ingresados al Estado, una práctica que, según el gremio lechero ATILRA, se arrastra desde hace tiempo y agravó la crisis interna de la empresa.
El pedido de procesamiento contra dos exdirectivos de SanCor reabrió un conflicto que lleva años y que expone con crudeza el deterioro institucional de una de las cooperativas lácteas más importantes del país.
La causa, elevada al Juzgado Federal de Rafaela, se enmarca en el expediente «Sancor Cooperativas Unidas Limitadas s/ Infracción Ley 27.430» y acusa a ambos exdirectivos de incumplir sus obligaciones como agentes de retención.
Gastaldi, quien presidió el Consejo de Administración entre 2020 y 2022, enfrenta cargos por siete hechos que abarcan aportes previsionales no depositados por un monto superior a los 128 millones de pesos. Sánchez, quien lo sucedió en la conducción, fue imputado por 16 hechos similares ocurridos entre noviembre de 2022 y enero de 2024.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que los descuentos se realizaron correctamente sobre los salarios, pero los fondos nunca fueron enviados al Sistema de Seguridad Social dentro del plazo legal de 30 días, configurando así el delito previsto por el artículo 7 del Régimen Penal Tributario. Ambos exdirectivos fueron citados a indagatoria el 12 de noviembre de 2025 y optaron por no declarar.
El avance judicial pone en evidencia años de advertencias de ATILRA, que denunció sistemáticamente la falta de transparencia en la gestión y el perjuicio directo para los empleados, quienes no solo vieron afectados sus aportes previsionales sino también la estabilidad laboral en una cooperativa marcada por conflictos financieros recurrentes. El pedido de procesamiento profundiza las dudas sobre el manejo interno de SanCor, que atraviesa una prolongada crisis productiva, económica y organizativa.
Para la fiscalía, en esta etapa ya están acreditados tanto los hechos como la participación penal de los imputados, por lo que solicitó que sean procesados como autores del delito. El caso abre un nuevo capítulo en la disputa por la responsabilidad de una conducción que, según los acusadores, no solo incumplió la ley sino que comprometió derechos básicos de los propios trabajadores a los que debía representar.
