La Justicia interviene ante la inacción estatal: habilitan la feria para exigir la entrega de alimentos a comedores
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 aceptó una medida solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con el objetivo de evitar que el receso judicial dilate la ejecución de una cautelar que ordena la provisión de alimentos a 30 comedores comunitarios.
La decisión de la Justicia de habilitar la feria judicial para tratar un reclamo contra el Ministerio de Capital Humano vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado frente a la emergencia alimentaria.
La intervención judicial no surge de un conflicto administrativo menor, sino de la paralización de plazos procesales que, en la práctica, estaba bloqueando las intimaciones necesarias para incorporar a esos comedores a la política alimentaria estatal.
Según advirtieron las organizaciones demandantes, la demora profundiza una situación crítica para cientos de familias que dependen de esos espacios para cubrir necesidades básicas, en un contexto de creciente pobreza y deterioro social.
El reclamo expuso una tensión estructural: mientras el Poder Ejecutivo sostiene una política de recorte y revisión de programas sociales, el Poder Judicial se ve obligado a actuar para garantizar derechos elementales.
Antes de que se resolviera la habilitación de la feria, el CELS ya había advertido públicamente sobre el impacto de la inacción institucional. “El hambre no admite tiempos burocráticos”, señalaron, al recordar que gracias a cautelares similares ya se logró restablecer la entrega de alimentos a 72 comedores que habían quedado fuera de la asistencia oficial.
El Ministerio Público Fiscal respaldó el planteo y fue contundente al señalar que está en juego el derecho humano a una alimentación adecuada, cuya satisfacción es inmediata y no puede quedar supeditada a calendarios judiciales. En su dictamen, el fiscal subrayó que la extrema vulnerabilidad socioeconómica del colectivo afectado exige respuestas urgentes y que la demora podía vaciar de contenido las medidas ya ordenadas.
Con estos argumentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial de manera excepcional para permitir el avance del expediente. La decisión, además de procesal, tiene un fuerte contenido político e institucional: evidencia que, frente a la retirada del Estado en materia alimentaria, la Justicia se convierte en un actor clave para garantizar derechos básicos. Sin embargo, también deja al descubierto una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la garantía del derecho a la alimentación puede depender de cautelares judiciales y no de políticas públicas sostenidas y eficaces?
