La «economía popular», una precarización que condena a 3,5 millones de trabajadores a salarios de subsistencia

En cada rincón del país, el patrón es el mismo: más trabajo, menos derechos, ingresos insuficientes y la consolidación de un modelo productivo que excluye y precariza. La «economía popular», en este contexto, no es una solución, sino un reflejo dramático del fracaso de las políticas económicas y laborales para garantizar condiciones de vida dignas a millones de argentinos.

Argentina se consolida en una alarmante espiral de precarización laboral, donde casi 3,5 millones de trabajadores de la denominada «economía popular» subsisten con ingresos inferiores a tres salarios mínimos, es decir, menos de $960.000 mensuales.

Un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA – CONICET – UMET) revela una realidad cruda: el 90% de este vasto sector informal, que ya representa el 27,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), no alcanza un umbral de ingresos digno. Esta situación se agrava en un contexto donde el gobierno impulsa una reforma laboral que, lejos de modernizar, parece legitimar y extender la desprotección.

El espejismo de la «economía popular» y el auge del autoempleo forzado
El término «economía popular» a menudo se presenta como una alternativa o una forma de autogestión, pero el análisis del CITRA despoja esta visión de cualquier romanticismo. Para los 3,4 millones de personas (cifra que subió en 55,3% en el último año para los de bajos ingresos) que la integran, es, en la mayoría de los casos, una estrategia de supervivencia forzada. Ante un mercado laboral formal que destruyó 200.000 empleos asalariados registrados desde noviembre de 2023, el autoempleo de bajo capital, el trabajo familiar no remunerado y el empleo doméstico sin derechos se han convertido en las únicas vías para generar algún ingreso.

La expansión del sector es innegable: creció un 6,9% interanual y absorbe a una cuarta parte de los jóvenes entre 16 y 29 años, así como al 30,9% de la PEA femenina. Este crecimiento, sin embargo, no es signo de prosperidad, sino de la incapacidad del sistema formal para integrar y proteger a su fuerza laboral.

Salarios de indigencia y derechos erosionados
El dato más contundente del informe es que el 89,4% de los trabajadores de la economía popular no llega a percibir tres salarios mínimos. Con el salario mínimo en $322.200, significativamente devaluado (43,4% menos que en 2019 y 56,7% menos que en 2015 en términos reales), una familia tipo necesita casi cuatro de estos salarios para no ser pobre. Esto significa que la inmensa mayoría de estos trabajadores está por debajo del umbral de la pobreza o muy cerca de él, a pesar de sus esfuerzos.

La crítica se profundiza al considerar que la actual reforma laboral propuesta por el gobierno, lejos de revertir esta tendencia, parece diseñada para consolidarla. Al legalizar formas de contratación precaria y debilitar el sistema previsional, se erosiona aún más el poder adquisitivo y la protección social de los trabajadores. El informe del CITRA concluye que esta «precariedad laboral, que afecta a más de la mitad de la población ocupada, tiene en la economía popular su expresión más clara.»

Jornadas extenuantes, ingresos insuficientes y la radiografía de la desesperanza
La realidad de este sector se caracteriza por jornadas laborales extensas e irregulares. Más de la mitad de los cuentapropistas no profesionales experimenta sobreocupación, buscando desesperadamente complementar ingresos en caída. Jóvenes y mujeres son los más afectados: los primeros con un aumento del 27% en la subocupación y 88% en la desocupación temporal; las segundas, enfrentando mayor inestabilidad y menor protección social, a menudo combinando el cuentapropismo con las tareas de cuidado no remuneradas.

Regionalmente, la expansión de la informalidad es una constante, desde el Gran Buenos Aires (con un tercio de su PEA en esta situación) hasta la Patagonia (donde la economía popular creció 16,2%).