La cuenca petrolera de Chubut enfrenta una crisis laboral con la pérdida de más de 7.000 empleos
Los líderes sindicales confirmaron la magnitud del ajuste, lo que forzó al gobernador Ignacio Torres a convocar a una reunión de emergencia para buscar una estrategia conjunta.
La cuenca del Golfo San Jorge, eje de la actividad petrolera en Chubut, atraviesa una profunda crisis laboral y de producción, revelando fallas estructurales en la gestión de los recursos y la política de inversión.
El dato más alarmante, expuesto por Jorge «Loma» Ávila, líder de los petroleros de Chubut, es la desaparición de más de 7.000 puestos de trabajo en los últimos tres años. «De 12.000 trabajadores que teníamos tres años atrás, ahora nos quedan 4.800», sentenció Ávila, quien urgió al Gobernador a intervenir ante el Gobierno Nacional para encontrar soluciones. Este declive productivo se refleja en la mínima actividad de perforación: la cuenca opera actualmente con solo cuatro equipos perforando.
El costo social del ajuste
Desde una perspectiva sindical, la contención del descontento social se logró mediante la negociación de retiros anticipados. Ávila explicó que se priorizó la jubilación del personal con mayor antigüedad, ofreciendo indemnizaciones elevadas (120% más conceptos remunerativos y no remunerativos, con un sueldo promedio de Gs. 6 millones) para evitar despidos masivos. Si bien esta estrategia mitigó el impacto inmediato, la cifra de 7.000 empleos perdidos subraya la drástica reducción de la masa laboral activa, que ahora se concentra en 3.000 trabajadores en producción y menos de 600 en cooperaciones especiales.
La crisis se extiende más allá del sector petrolero. La UOCRA (construcción) ha reportado la pérdida de 420 empleos tras la cesión de áreas de YPF a PECOM, y una incertidumbre similar pende sobre 350 trabajadores en Manantiales Behr, que la petrolera estatal se dispone a licitar. Este panorama pinta una recesión generalizada impulsada por la falta de inversión.
El intervencionismo provincial como estrategia de contención
Tras el encuentro con los gremios (petroleros, camioneros y construcción), el gobernador Ignacio Torres anunció una nueva postura de la provincia para condicionar los futuros contratos de concesión. En un movimiento crítico hacia la práctica de licitaciones puramente recaudatorias, Torres aseguró que su gobierno revisará el pliego de Manantiales Behr para limitar el monto de pago inicial.
El enfoque, según el mandatario, busca priorizar la inversión a largo plazo sobre la caja inmediata: «A nosotros no nos sirve que se pague mucho al inicio y después no haya recursos para perforación y desarrollo».
Esta declaración sugiere una crítica velada a modelos de gestión anteriores que pudieron haber privilegiado ingresos rápidos a expensas del sostenimiento del empleo y la actividad productiva futura. La efectividad de este nuevo intervencionismo provincial será crucial para revertir la tendencia de desinversión y reactivar la economía de la cuenca.
