La comisión por el caso $LIBRA apuntó a un posible ardid financiero y señaló responsabilidades en la figura de Milei

A pesar de las demoras iniciales atribuibles a las maniobras del oficialismo para obstaculizar la conformación del cuerpo, los integrantes de la oposición avanzaron con la pesquisa y señalaron que el Congreso deberá evaluar si el presidente Javier Milei incurrió en mal desempeño de sus funciones, lo que podría configurar una causal de juicio político.

La comisión investigadora del caso $LIBRA presentó su informe final después de tres meses de trabajo en la Cámara de Diputados y concluyó que los hechos relevados son compatibles con una maniobra de estafa.

El documento, que supera las doscientas páginas, reúne informes técnicos, testimonios y material probatorio que ya fue remitido a la justicia.

Durante la presentación, el diputado Agost Carreño afirmó que $LIBRA constituye un esquema de fraude planificado típico de un “rug pull”, una modalidad conocida en el ámbito de las criptomonedas que combina engaño, manipulación y retiro abrupto del respaldo del activo digital.

Según explicó, el análisis del expediente permitió confirmar la existencia de conductas compatibles con la figura penal de estafa. Esta interpretación fue reforzada por el diputado Juan Marino, quien sostuvo que las hipótesis iniciales no solo se ratificaron, sino que se ampliaron a partir del cruce de datos y registros.

El informe sostiene que el caso $LIBRA no constituye un episodio aislado. Los legisladores identificaron una serie de maniobras financieras previas en las que se repiten los mismos actores: Javier Milei, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Según el documento, esta reiteración conforma un patrón que puede interpretarse como un modus operandi. Entre los antecedentes mencionados se encuentra el lanzamiento de la moneda digital de KIP Protocol en diciembre de 2024, promovida también con la imagen del Presidente; y la difusión, por parte de Milei, del juego NFT “Vulcano” y de la empresa CoinX, investigada judicialmente desde 2022 por estafa.

La investigación acusa al Presidente de brindar un aporte esencial a la maniobra al promocionar públicamente una “memecoin” que, según la comisión, había sido diseñada para un retiro abrupto de liquidez.

El texto también señala el uso de información no pública sobre el contrato de la criptomoneda y desmiente los dichos oficiales respecto del impacto del caso, al afirmar que más de 114.000 billeteras resultaron afectadas. Asimismo, se subraya la ausencia total de controles previos por parte de los organismos estatales, lo que alimenta la hipótesis de una intención deliberada de evitar mecanismos institucionales de supervisión.

Aunque el informe considera que existen elementos para promover un juicio político, la correlación de fuerzas parlamentarias limita esa posibilidad: el oficialismo consolidó el tercio necesario para bloquear cualquier avance, incluso ante un eventual impulso opositor.

En el tramo final, la comisión anuncia que impulsará denuncias penales por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el responsable de la UIF, Paulo Starc; el exasesor de la CNV Roberto Silva; y María Florencia Zicavo, integrante de la unidad de investigación de $LIBRA.

A todos ellos se los acusa de entorpecer el trabajo parlamentario. También se propone denunciar al fiscal Eduardo Taiano y al juez a cargo del Juzgado Federal Nº 8 por haber negado el acceso al expediente y por impedir el uso de la fuerza pública para garantizar la presencia de testigos citados.