La Comisión Libra citará a Milei por la promoción de la criptomoneda
En ese contexto, la citación a Milei no solo busca establecer hechos, sino también delimitar los bordes entre la libertad de expresión presidencial y la responsabilidad pública frente a un fraude que afectó a miles. La comparecencia del mandatario ante la comisión podría convertirse, así, en un test decisivo sobre los límites éticos y políticos del liderazgo contemporáneo en tiempos de economía digital.
La Comisión Investigadora Especial sobre la criptomoneda Libra aprobó la citación al presidente Javier Milei para que brinde explicaciones presenciales sobre su rol en la promoción del token que derivó en una estafa global.
La decisión marca un punto de inflexión político e institucional, ya que implica convocar al propio jefe de Estado por un hecho que combina especulación financiera, uso de la imagen presidencial y presunta manipulación de información pública.
El escándalo estalló el 14 de febrero pasado, cuando miles de usuarios —muchos de ellos argentinos— denunciaron haber sido engañados tras la aparición de campañas que vinculaban la criptomoneda Libra con el presidente Milei. El mandatario negó su implicación directa, aunque en una entrevista con Jonatan Viale, tres días después del hecho, sostuvo que no creía que los damnificados locales fueran “más de cinco argentinos”. Aquella frase, destinada a minimizar el alcance del caso, hoy se convirtió en el eje de la controversia.
La plataforma Ripio, en su respuesta oficial a la comisión, informó que 1.358 usuarios con residencia en Argentina operaron con Libra, de los cuales 1.329 eran argentinos. La cifra contradice las afirmaciones del presidente y desmiente, además, su argumento de que el producto estaba orientado a “públicos altamente especializados en criptomonedas”.
A partir de estos datos, el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) promovió la citación de Milei para que explique cómo accedió a información presuntamente reservada, por qué minimizó la magnitud del perjuicio y si ratifica o rectifica sus declaraciones públicas.
La comisión también dispuso medidas complementarias: requerimientos a las principales plataformas de intercambio para determinar si el propio presidente, su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, José Luis Espert, Martín Menem, Agustín Laje o la Fundación Faro poseen billeteras vinculadas al token, además de los movimientos registrados desde julio de 2024.
El avance de la investigación sugiere un doble frente de análisis: por un lado, la posible responsabilidad penal de quienes idearon y promovieron el activo digital; por otro, el dilema institucional de un presidente que podría ser citado como testigo —o eventualmente investigado— en un caso que entrelaza política, mercados y comunicación digital.
La decisión de pedir auxilio a la fuerza pública para lograr la comparecencia de Karina Milei, Damián Reidel y otros implicados marca el endurecimiento del proceso. En paralelo, la justicia ya recibió informes preliminares que dan cuenta de movimientos millonarios vinculados a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, presuntos organizadores de la maniobra.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, afirmó que “por más que algunos intenten frenarla, la verdad sobre Libra va a conocerse”. La frase sintetiza el tono de una investigación que, más allá de las responsabilidades individuales, plantea un interrogante más profundo: ¿qué ocurre cuando el poder político se entrelaza con el universo de las finanzas digitales sin mecanismos claros de control ni rendición de cuentas?
