La CGT advirtió a Milei: «Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional»

La convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) a una marcha nacional frente al Congreso no es un hecho aislado ni meramente sectorial. Es la expresión de un conflicto de fondo que atraviesa a la Argentina: el intento del gobierno de Javier Milei de redefinir las relaciones laborales mediante una reforma que, bajo el argumento de la modernización y la generación de empleo, avanza sobre derechos conquistados a lo largo de décadas de luchas sociales.

El proyecto de reforma laboral, que ya ingresó al Senado y será tratado durante las sesiones extraordinarias iniciadas el 11 de diciembre, forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo.

El Ejecutivo busca sentar las bases de un nuevo orden económico y social que reduzca el rol del Estado, flexibilice el mercado de trabajo y reconfigure el vínculo entre capital y trabajo en favor de los sectores empresarios.

En ese marco, la reforma laboral y la tributaria aparecen como piezas clave de una agenda que apunta a consolidarse hacia 2026, cuando el Gobierno espera contar con mayor peso parlamentario.

Desde la CGT, el diagnóstico es diametralmente opuesto. Para el sindicalismo, no se trata de una modernización sino de un retroceso. Las críticas del cosecretario general Octavio Argüello sintetizan ese rechazo: la idea de que quitar indemnizaciones, ampliar jornadas o reducir costos laborales genere más empleo es, según expresó, una “gran mentira”. La experiencia histórica argentina —y también la de otros países— muestra que la flexibilización laboral no garantiza trabajo digno ni crecimiento sostenido, sino que suele traducirse en mayor precarización, salarios a la baja y pérdida de poder de negociación de los trabajadores.

El punto más sensible del debate es la eliminación o debilitamiento de derechos considerados históricos, como las indemnizaciones por despido. Estos mecanismos no son un “privilegio”, como suele plantear el discurso oficial, sino una herramienta de protección frente a la desigualdad estructural entre empleador y empleado. Suprimirlos implica trasladar todo el riesgo económico al trabajador, en un contexto de alta inflación, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.

Desde una mirada crítica, la reforma parece responder menos a una necesidad productiva real y más a una demanda del poder económico concentrado. El argumento de que las leyes se impulsan en favor de las pymes y los trabajadores choca con la realidad de un programa que prioriza la reducción de costos laborales sin políticas claras de incentivo a la producción, el mercado interno o el empleo registrado. Como señaló Argüello, el beneficio principal recaería en “los amigotes y el poder económico”, mientras se socializan las pérdidas entre quienes viven de su trabajo.

La advertencia de la CGT a los senadores —“ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la Patria se lo van a demandar”— pone de relieve que el debate no es solo legislativo, sino profundamente político y social. La calle vuelve a convertirse en un escenario central de disputa, ante un Gobierno que privilegia la velocidad de las reformas y la lógica del shock por sobre el consenso democrático.

En este contexto, la marcha del 18 de diciembre no solo busca frenar una ley, sino marcar un límite simbólico: el de la dignidad del trabajo como pilar de la cohesión social. Si el Ejecutivo insiste en avanzar sin diálogo ni concesiones, el conflicto podría escalar hacia medidas de fuerza de mayor alcance, incluido un paro nacional. La reforma laboral, lejos de cerrar una etapa, amenaza con abrir un nuevo ciclo de confrontación social en un país que ya carga con profundas desigualdades y tensiones estructurales.